Elecciones judiciales, en duda nuevamente
Por cuarta vez en 13 meses, una instancia del Órgano Judicial impone a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la interrupción del proceso necesario para las elecciones judiciales, comicios cuyos resultados son de cuestionable legitimidad.
Con una demora de cerca de 10 meses, el 6 de febrero último, la ALP sancionaba la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales y 10 días después aprobaba la Convocatoria para preselección de candidatos judiciales 2024.
El trámite legislativo indispensable para ese proceso comenzó en marzo de 2023 y fue paralizado tres veces: dos en abril y la tercera en septiembre del año pasado. Así llegó diciembre sin la ley necesaria para convocar a elecciones judiciales y al final de ese mes el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) —que había interrumpido ese trámite legislativo por unos cinco meses en total— decidió que todas las máximas autoridades del Órgano Judicial continuarían en funciones hasta que se realicen esos comicios.
La última semana de enero, organizaciones sociales leales a la facción evista del Movimiento Al Socialismo bloquearon por 16 días la conexión carretera entre oriente y occidente del país, hasta que se produjo un compromiso político de aprobar la ley necesaria para esas elecciones.
El proceso que conducirá a esos comicios está en la fase de evaluación de méritos y examen oral de los postulantes a candidatos. Pero anteayer una Sala Constitucional de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección de candidatos, como resultado de un recurso de amparo interpuesto por una aspirante inhabilitada.
Es mucho tiempo, vicisitudes y perjuicios para conseguir que se realicen unos comicios en los que una amplia mayoría de votantes no cree.
En las últimas elecciones judiciales, en 2017, la participación ciudadana fue del 78 por ciento, un porcentaje bajo comparado al 90 por ciento de concurrencia electoral en los comicios de los últimos años, según datos oficiales.
Y buena parte de quienes votan aprovechan el cumplimiento de esa obligación para expresar lo que piensan acerca del sistema de justicia en general y de las elecciones judiciales en particular. No otra cosa significa que más del 60 por ciento de los votos emitidos en esas elecciones en 2017 fueron nulos o blancos. Similar resultado hubo en 2012.
Los procesos de esas dos primeras elecciones judiciales no conocieron los problemas que enfrenta el actual, pues entonces el MAS tenía dos tercios en el Parlamento y su bancada no estaba dividida.
Hay fallas en este sistema que permite a un órgano del Estado, el Judicial, impedir al Legislativo cumplir con el trámite necesario para la renovación de las máximas autoridades judiciales.
