La defensa de bolivianos opta por un amparo
La defensa de los nueve bolivianos recluidos en el penal de Alto Hospicio de Iquique desistió de la apelación a la detención preventiva y presentará un amparo constitucional ante la justicia chilena para lograr la libertad de los acusados con el argumento de que este recurso procede en caso de vulneración de derechos. Se conoció que el abogado de derechos humanos Roberto Celedón se sumó al equipo de juristas.
Según Emol, Celedón fue contactado para asumir, junto a sus pares Claudio Vila y Matías Coll, el patrocinio y poder de los dos soldados y siete funcionarios de Aduana
En 2013, Celedón también defendió a los tres militares bolivianos aprehendidos en circunstancias similares, quienes alcanzaron a permanecer un mes en prisión preventiva antes de ser expulsados del país tras aceptar una salida alternativa.
Otro recurso
Romero dijo que después de hacer una exhaustiva evaluación, se decidió no apelar la decisión del Tribunal de Garantía de Pozo Almonte que decretó prisión preventiva por 120 días para los connacionales.
Acotó: “jurídicamente se ha visto que, de acuerdo a los procedimientos constitucionales de Chile, el recurso de amparo procede de manera directa ante la vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos y ese es el caso”.
De acuerdo con la nomenclatura jurídica chilena, el recurso de Amparo es aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.
El objetivo de esta figura legal es que el afectado sea llevado frente a un juez para que revise la legalidad de la privación de libertad. Si es el caso, se decretará su libertad inmediata o se pondrá al individuo a disposición del juez competente. En general, se busca restablecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del afectado.
Aún se analiza en qué jurisdicción se presentará el recurso, Iquique o Santiago; sin embargo, según el procedimiento, el recurso se tiene que interponer ante el Juez de Garantía o bien el juez del lugar donde está el afectado.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, manifestó que en los últimos días ha tenido contacto con su similar chileno, Jorge Abbott Charme, para conocer de manera directa información sobre el caso de los nueve bolivianos.
“Hemos expresado la preocupación por la situación jurídica legal en la que se encuentran (…). Lo que queremos es que en ese marco de cooperación y entendimiento poder ver alguna salida jurídica legal que pueda dar fin con la detención de estos compatriotas y la devolución a nuestro país”, sostuvo.
LÓPEZ DENUNCIA QUE CHILE ACOSA A PERIODISTAS NACIONALES
La ministra de Comunicación, Gisela López, denunció que las autoridades chilenas recurren al decreto Ley 1904 de 1975 para acosar a periodistas bolivianos y negarles el ejercicio de su profesión en Chile.
Cabe señalar que periodistas bolivianos fueron invitados por una aerolínea chilena para asistir a un vuelo inaugural, pero, al llegar a Santiago, funcionarios de migraciones los retuvieron y los obligaron a firmar un documento de compromiso para no ejercer las funciones como periodistas donde además se advierte que no pueden atentar contra el orden y estabilidad de ese país.
“Nos parece indignante el trato que se está dando al periodismo boliviano. Esta norma (1904) data de 1975, cuando el vecino país vivía una dictadura”, manifestó la portavoz gubernamental.
Por su parte, la vocera del Gobierno de Michelle Bachelet, Paula Narváez, sobre la denuncia de los periodistas bolivianos dijo que indaga qué es lo que pasó en realidad para hacer un pronunciamiento. “Estamos recabando antecedentes específicos. Entendemos que cualquier periodista extranjero debe acreditarse para hacer su trabajo. Queremos conocer qué ocurrió en esta situación”.
