Bloqueos y libertades
El bloqueo de vías públicas como manifestación de reclamos sectoriales es en Bolivia una medida de presión que, por su frecuencia y consecuencias, parece alejarse del derecho que la legitima y permite cuestionarse acerca de las verdaderas razones que motivan la obstrucción de carreteras interdepartamentales en Cochabamba y Potosí.
En efecto, si bien “los bloqueos se encuentran amparados por el derecho a la protesta social”, como observa un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de ejercer esa medida de presión tiene como límite el respeto a las libertades de terceros ajenos al objeto que los motiva.
Los bloqueadores, todos partidarios del expresidente Morales, exigen la renuncia de los magistrados que extendieron su mandato —luego del aplazamiento de los comicios judiciales que debían celebrarse en diciembre— y la convocatoria a esos comicios.
El reclamo es justo porque la crisis judicial resultante de la prórroga del mandato de los altos magistrados puede tener consecuencias graves para todo el sistema de justicia, debido a que sus decisiones son, en rigor, nulas de pleno derecho, lo mismo que las de los 46 jueces posesionados por aquellas autoridades en seis departamentos.
Pero hay un aspecto que puede evidenciar un interés no explícito en esas acciones: la posibilidad de que Morales esté inhabilitado para postular nuevamente a la presidencia del Estado como efecto de una sentencia emitida por magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional días antes de que concluya su mandato, actualmente prorrogado.
Así, las pretensiones electorales del expresidente, restringidas en pleno respeto del orden legal, son un asunto que revela de intereses carentes de relación directa con los derechos fundamentales que la Constitución Política del Estado garantiza a los bolivianos.
Y es un número incalculable de ciudadanos que resultan perjudicados por la obstrucción de las carreteras, desde los viajeros detenidos en terminales y en los sitios de bloqueos, hasta los empresarios que pierden cerca de 120 millones de dólares cada día de bloqueo, pasando por los propietarios y choferes de los más de 800 camiones varados y todos los afectados por el posible desabastecimiento de combustibles, pues hay 130 cisternas con carburantes que no pueden llegar a su destino.
Es sin duda una situación crítica cuyos efectos económicos negativos repercuten en buena parte del país, si no en todo el territorio.
Es una circunstancia que exige la intervención eficaz de las instancias gubernamentales, comenzando por instaurar mecanismos de diálogo con los movilizados, y desplegando los recursos que les franquean las leyes para velar por la libertad de todos los bolivianos a vivir en paz y en seguridad.
