La concesión, por el Consejo Nacional de Refugiados (Conare), de refugio a dos ciudadanos paraguayos acusados de haber participado en el secuestro y muerte de la hija de un ex Presidente de su país, ha provocado reacciones de molestia y desagrado en Asunción, trasmitidas directamente al Embajador de Bolivia acreditado en esa capital por un Viceministro de Estado, mientras que una fiscal señalaba que a las autoridades nacionales se les presentó documentos que detallaban "punto por punto" la actuación de dichas personas en el hecho criminoso, además de anunciar que la justicia del Paraguay seguirá luchando para que se las detenga y extradite.
Más allá de esta faceta del caso, bullado desde que los paraguayos fueron ya aprehendidos y liberados una vez, sin explicación convincente del Ministerio de Gobierno, otra radica en la orden de detención que contra ellos mismos expidió la Corte Suprema desde Sucre, sin empero merecer el cumplimiento que correspondía.
Se está, pues, frente a una desobediencia al máximo tribunal de justicia de Bolivia, cuando no a la intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial, como interpretó esta situación el Presidente de la Suprema a tiempo de condenar la contraorden y reiterar que el órgano jurisdiccional es independiente de otros poderes, extremo que de por sí plantearía un conflicto entre los dos.
En este sentido, cabe al menos un esclarecimiento oficial valedero sobre los fundamentos en que Conare basó su cuestionada decisión.
