La Paz | La Prensa
El modelo de contrato que el Gobierno negocia con las petroleras dispone que en caso de presentarse una controversia sobre el cumplimiento de este acuerdo, el mismo será resuelto en un arbitraje en idioma español, que tendrá como sede la ciudad de La Paz y será celebrado en base a la Constitución Política del Estado, que será de cumplimiento obligatorio para las partes.
Esa cláusula está contenida en una versión del convenio de operación que el Ejecutivo prevé firmar, hasta el último minuto del sábado, con las empresas petroleras.
El documento difiere del contrato de riesgo compartido, Decreto Supremo 24806, promulgado por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que disponía que un tribunal internacional resuelva esas diferencias, entre ellas, CIAD, Icsid, ICC y Uncitral.
El modelo de contrato también define que la propiedad del gas y del petróleo (debajo y encima de la superficie) es de Bolivia, por lo que las compañías no tienen derecho sobre los hidrocarburos producidos como antes lo tenían.
De concretarse la firma del documento, YPFB como dueña de los energéticos pagará, en dólares, una retribución trimestral por sus servicios de exploración y producción del energético. El cálculo del pago será establecido previo a una auditoría.
Bajo la nueva modalidad, será el Estado el que pague el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías.
Antes, las compañías se encargaban de pagar este último concepto más un ingreso para el Tesoro General de la Nación (TGN).
El contrato prohíbe cualquier posibilidad de que las empresas participantes "cedan, graven o transfieran, total o parcialmente, este contrato o sus derechos u obligaciones derivadas del mismo".
Un nuevo aspecto incluido en el acuerdo es una cláusula de confidencialidad, que establece que durante el tiempo de vigencia del pacto, las partes no comunicarán a terceros la totalidad o parte de las informaciones, documentos y muestras obtenidas" durante su ejecución.
El nuevo documento no establece el término del contrato, a diferencia del de riesgo compartido, que fijaba un plazo de 40 años para la exploración y explotación de las empresas.
Otras diferencias
Las compañías que operen en Bolivia, de acuerdo al modelo de contrato, están obligadas a abrir y mantener cuentas en una entidad bancaria boliviana, que serán utilizados, entre otros fines, para cubrir sus gastos corrientes.
En el contrato de Sánchez de Lozada las petroleras no tenían esta obligación, por lo que importantes sumas de dinero migraron al exterior.
Para fiscalizar esos costos, las empresas deberán mantener en sus oficinas, en territorio nacional, los libros de contabilidad, sus soportes y evidencias, ingresos percibidos, volumen y valor de los hidrocarburos producidos y netos. Esta información deberá estar referida a los últimos cinco años.
Esos libros de contabilidad también estarán disponibles, según la legislación vigente, para ser inspeccionados por la autoridad competente.
Las empresas, según el documento, asumen el riesgo de las operaciones, es decir, cubren los costos y proveen todo el personal, tecnología, instalaciones, material y capital necesario para cubrir sus operaciones.
Los equipos utilizados por las compañías en las operaciones pasarán de forma automática a YPFB, sin cargo alguno y con esa misma característica podrán ser utilizados por las petroleras.
Se establece también que todas las instalaciones serán de propiedad estatal.
Como las petroleras prestan sólo servicios, antes de perforar un pozo tendrán que presentar un programa y un presupuesto para llevar adelante esta tarea, con un estimado de la profundidad, especificaciones técnicas, el cual será aprobado por YPFB.
Además deberán entregar informes diarios de perforación y documentación semanal y mensual de las operaciones que realicen en los campos. Deberán también proporcionar a YPFB todos los datos científicos y técnicos que obtengan.
Las empresas también tienen que tramitar bajo su propio costo una o más pólizas de seguro que cubran y asuman responsabilidad civil respecto a la labor de sus trabajadores.
Se establece varias causales de terminación del contrato, entre ellas, que el titular no presente garantías bancarias al inicio de cada fase de exploración o explotación.
Morales ratifica plazo
El presidente Evo Morales ratificó ayer que el plazo final para la firma de nuevos contratos vence esta semana y que no habrá prórrogas.
En rueda de prensa ofrecida a la prensa internacional, Morales señaló que "las normas bolivianas deben ser respetadas" respecto del decreto de nacionalización de los hidrocarburos que firmó el 1 de mayo y que da un plazo de 180 días para la suscripción de nuevos convenios. El término, por tanto, vence a medianoche del sábado.
"Estamos abiertos a las negociaciones, tenemos una fórmula propuesta para todas la empresas... Es una decisión de la reunión que (sostuvimos) esta mañana, de hacer respetar nuestro decreto supremo", dijo Morales.
Añadió que, a diferencia de lo señalado por un medio brasileño, no envió la semana pasada al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a advertir al Ejecutivo brasileño que si Petrobras no firma hasta el vencimiento del plazo YPFB intervendrá la empresa mixta de Brasil.
"Quintana no viajó a Brasil, el ministro de la Presidencia tampoco envió una carta, y por tanto (son) totalmente falsos estos comentarios, que enviaron una carta hacia el Gobierno de Brasil o hacia Petrobras, absolutamente nada", indicó.
Quintana informó el fin de semana que "el plazo fatal" para la suscripción de los nuevos contratos fenece el sábado al señalar que el Gobierno prevé que algunos contratos serán firmados entre el 29 y 30 de octubre; aunque no precisó con qué empresas.
