Aún no indagan a Gómez y a concejales por legitimación
La Fiscalía todavía no inició un proceso por legitimación de ganancias ilícitas contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Gómez, pese a que fue denunciado por el presunto cobro de “coimas” a empresas por la adjudicación de obras y traficó de cargos en la Alcaldía de Quillacollo.
“No fuimos notificados aún con ese proceso”, indicó ayer el abogado del legislador Gilmar Terrazas.
Gómez declaró en marzo que posee un patrimonio que supera los 1,9 millones de bolivianos, según el resumen de su declaración jurada de la Contraloría General del Estado. El legislador no registró ninguna deuda.
El diputado se encuentra con detención domiciliaria desde el 2 de agosto en el marco de investigaciones por el caso audios de corrupción. Fue imputado por concusión y uso indebido de influencias. En similar situación se encuentran los nueve concejales.
El Ministerio Público no envió hasta la fecha ninguna notificación sobre la existencia de una investigación sobre su patrimonio, confirmó el presidente del Concejo Municipal, René Fernández (Demócrata).
Varios legisladores fueron sindicados de recibir “sobornos” por la adquisición de la planta de asfalto, de acuerdo a las declaraciones de los testigos del caso audios.
Sin embargo, a la fecha la Fiscalía sólo investiga la fortuna del alcalde suspendido Eduardo Mérida (FPV), del expresidente del Concejo Víctor Osinaga (MAS) y del exalcalde Zacarías Jayta.
En cuanto a Mérida se realizó en dos oportunidades pesquisas a su patrimonio, uno por el caso audios I y otro por el despido injustificado de trabajadores.
INVESTIGACIÓN NO LLEGA A FAMILIARES
Sólo en el caso del alcalde suspendido Eduardo Mérida la Fiscalía investigó el patrimonio de su esposa, señaló la abogada de los procesados, Mary Luz Varas.
Mérida declaró que cuenta con un patrimonio de 1,1 millones de bolivianos hasta julio de 2017, según el resumen de la Contraloría General del Estado.
En tanto, que el expresidente del Concejo Víctor Osinaga (MAS) registró 1,5 millones de bolivianos. Fuentes cercanas al concejal revelaron que este colocó varios bienes a nombre de sus familiares y amigos para evitar que las autoridades judiciales averigüen la procedencia de sus ganancias.
