Denuncian a abogados de DDRR por nexos con los avasalladores
Las víctimas de avasallamientos en Cochabamba comienzan a formalizar denuncias contra funcionarios de Derechos Reales (DDRR) vinculados con loteadores por la presunta falsificación de datos para registrar predios en el valle alto, según dieron a conocer ayer.
A través de una nota enviada a la representante del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Sidia Alba Lizarazu, una víctima solicitó que se haga seguimiento a la denuncia presentada contra funcionarios de DDRR., de Shinahota y Punata, por falsificar documentación para los avasalladores se apropien de terrenos ajenos.
La solicitud fue presentada el 10 marzo de este año y hace referencia a que se haga seguimiento a una denuncia que data del 17 de febrero de 2020, en la que se puso en conocimiento que tres funcionarios registraron 13 hectáreas en favor de presuntos loteadores.
La denuncia menciona que los funcionarios José L. A., Amilkar Q. y Clotilde V. incurrieron en “graves delitos de corrupción” al alterar datos en el registro.
En el memorial, el afectado refiere que llama la atención que el registro de un predio del valle alto se haga en oficinas del trópico cuando por jurisdicción el trámite debería hacerse en la región en la que están ubicados los terrenos.
La representante del consejo confirmó a este medio que existe un denuncia y se comprometió a brindar más detalles del avance de las acciones que se asumen para garantizar que la investigación del caso sea transparente.
Algunos de los denunciados estarían incluso postulándose para asumir cargos jerárquicos más altos, por lo que las víctimas temen sufrir represalias.
A inicios de marzo, los afectados denunciaron públicamente y con fotografías los vínculos entre funcionarios y avasalladores.
Emiten orden de aprehensión
La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el responsable de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Benito R.A., por no presentarse a declarar en calidad de testigo en una denuncia contra avasalladores por la presunta falsificación de documentos.
La orden se emite luego de que el funcionario no se presentó en dos oportunidades ante el investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cliza que indaga el caso.
Según fuentes cercanas al caso, el funcionario fue abogado de avasalladores denunciados por traficar tierras productivas en Arbieto, Tolata y otros municipios de valle alto.
