Rechazan que Castellanos busque la justicia “restaurativa” por el puente
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Boris Fiorilo, informó ayer que avanzan en una solución con dos procesados para la reconstrucción de la plataforma del puente caído en la avenida Independencia y 6 de Agosto, pero rechazan que el exalcalde Edwin Castellanos (MAS) se someta al programa de “justicia restaurativa” porque la norma no beneficia con esta figura a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) ni a exautoridades.
Después de casi siete años, el juicio por el puente caído debía comenzar el 10 de enero de 2022, pero fue reprogramado para el 9 de marzo de 2023, debido a que tres de los siete acusados decidieron someterse al programa de “justicia restaurativa” y otros recursos legales presentados.
Esto implica que, “de manera voluntaria, decidieron resarcir el daño económico que se habría ocasionado”, según el boletín del Tribunal Departamental de Justicia.
“Nosotros como Alcaldía tenemos 17 procesos en contra y el capitán (Manfred Reyes Villa) otro sin número de procesos en contra y ahí no hay suspensión de ningún plazo. Sin embargo, vemos con profundo penar como la justicia no es la misma y que actúa de distinta manera”, observó Fiorilo.
Explicó que, según la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, el exalcalde Edwin Castellanos “no puede acogerse al programa de justicia restaurativa”, porque la afectación económica ocasionada al Estado es superior a los 7 millones de bolivianos y porque se trata de una exmáxima autoridad de una entidad pública.
“Sin embargo, más allá de esas circunstancias nosotros sí hemos tenido reuniones con dos coacusados que son los ingenieros Vega y Álvarez. Hemos avanzado muchísimo en el entendido de buscar una solución a este problema, ya que ellos no están dentro las prohibiciones y sí podrían beneficiarse”, señaló.
Pero aclaró que este beneficio “en ningún caso significaría que el hecho no existió para los otros coacusados”. En tanto, el Ministerio de Justicia de La Paz analiza la documentación para determinar la viabilidad de que la Alcaldía pueda plasmar el acuerdo restaurativo con los actores, “cosa que no puede suceder con el señor Edwin Castellanos porque era MAE”, añadió.
Tanto el supervisor de la obra, Nelson Vega, coo la empresa Álvarez presentaron propuestas técnicas para la reconstrucción de la plataforma del puente caído. Estas fueron analizadas hace cinco meses por el Viceministerio de Transparencia.
Colapso
La obra fue ejecutada en la gestión del exalcalde Castellanos, en 2014, y colapsó tan sólo 10 meses después de su entrega, el 22 de octubre de 2015.
Demandó una inversión de 11,7 millones de bolivianos. Los vecinos que viven cerca al puente que colapsó pidieron en varias ocasiones una solución.