Ministro coordinará con alcaldías y Gobernación desalojos de predios
Por la sobreposición de las áreas urbanas y rurales, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, adelantó ayer que la intervención a tierras productivas avasalladas en Cochabamba se hará previa coordinación con la Gobernación y las alcaldías.
La autoridad gubernamental confirmó que actualmente el departamento tiene 17 casos de avasallamientos de predios, los cuales se ventilan en los estrados judiciales.
“Estamos viendo la manera cómo vamos a intervenir. Tiene que haber la participación de la Gobernación y de los municipios, porque aquí hay sobreposición en algunos predios, hay cierta participación con alguna normativa legal que habían hecho los municipios en volver mancha urbana lo rural”, subrayó.
Gonzales explicó que, por ejemplo, en el caso de la comunidad de Villa Copacabana del municipio de Tolata, existe una resolución ministerial que avala la ampliación de la mancha urbana, pese a que el predio en conflicto estaba en proceso de saneamiento con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
“Hay resoluciones ministeriales que de alguna manera le dan cierta legalidad para que (los predios en conflicto) sean urbanos. Estamos analizando toda la situación legal, porque, una vez que se interviene, todo va a estrados judiciales y allí no quisiéramos que hagan caer cualquier intervención que hagamos”, afirmó.
El Ministro del área comentó que en cada uno de los casos de avasallamiento identificados en el departamento se hará un análisis jurídico detallado para que cuando se haga la intervención se obre con justicia.
Señaló que, en las 250 hectáreas en disputa que hay en Villa Copacabana, se aguarda al pronunciamiento del Viceministerio de Autonomías, que tiene como titular a Álvaro Ruiz, sobre la anulación de la normativa municipal que amplió el área urbana para ingresar nuevamente a realizar trabajo de campo y definir la situación de los terrenos.
Complementó que la ocupación ilegal de tierras no debería incidir en la seguridad y soberanía alimentaria de las regiones, porque a la fecha se detectó que, de los 2,8 millones de hectáreas de tierras saneadas por el INRA en todo el país, sólo 223 reportaron que sufren avasallamientos, cifra que equivale al 0,001 por ciento de todos los predios titulados.
“No debería en ningún momento en la seguridad alimentaria ni soberanía del país, pero sí el problema es mediático y crea la sensación de inseguridad y, ante esa situación, los grandes empresarios lo utilizan como justificativo para no cumplir con la función económica y social de las tierras, dicen que no pueden invertir ni trabajar por los avasallamientos”, agregó.
Gonzales puntualizó que, una vez que se hagan las intervenciones a los avasallamientos, se verificará si los predios son trabajados para producir lo alimentos que necesita la población boliviana, especialmente los titulados a los empresarios.
Víctimas solicitan acelerar desalojos
El representante del Comité Departamental de Defensa Contra Avasallamientos y Tráfico de Tierras, William Zapata, informó esta semana que los operativos de desalojo de predios avasallados se deben realizar en los predios donde se incumple con las medidas precautorias emitidas por el INRA que prohíbe la ocupación, fraccionamiento y venta de lotes.
Comentó que en Cochabamba los avasallamientos afectan no sólo a predios privados o tierras fiscales, sino también a parcelas comunitarias consideradas “colectivas”, donde las víctimas son numerosas, pues el daño ocasionado con los loteamientos es a varias familias íntegras y no sólo a una persona.