Habilitan dos refugios para los afectados de Takoloma, pero ellos se resisten a irse
La Subalcaldía Alejo Calatayud habilitó dos refugios con capacidad para acoger a 15 familias afectadas por los deslizamientos en la mancomunidad de Takoloma, ubicada en el Distrito 8 de la ciudad. Sin embargo, pese al riesgo, los vecinos optan por quedarse en sus hogares o buscar refugios alternativos, rechazando la oferta municipal, según pudo constatar Los Tiempos.
La situación en la zona es crítica: hay más de 300 familias afectadas en las OTB Libertad, Carolina, Alto Japón y Santa Bárbara; 35 casas corren riesgo de colapsar; 15 ya fueron demolidas por la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) con consentimiento notarial de los propietarios y otras cinco están en proceso administrativo, de acuerdo a datos técnicos.
El subalcalde Ramiro Fuentes indicó ayer que constantemente se “invita” a las familias a desalojar sus viviendas en la zona de riesgo hasta que se realice el estudio, que identificará las causas y que todavía está en proceso de licitación. “No podemos esperar a que pase cualquier evento fuerte, pero los vecinos no quieren ir a los refugios”, declaró.
En un recorrido, el personal de la subalcaldía mostró a este medio de comunicación los dos refugios habilitados. El primero está ubicado a seis minutos de la comuna, en el club de tenis de la OTB Independencia y el segundo está en el centro cultural de la OTB El Jardín.
Ambos predios son municipales, cuentan con más de 10 ambientes, baños, cocina y duchas. En caso de que se requiera más espacio se podría adecuar otros ambientes, se informó desde la subalcaldía.
“Se ofrece todos los servicios básicos y protección”, sostuvo Fuentes.
El dirigente de la OTB Libertad, Jesús Vera, dijo que los vecinos, principalmente los que perdieron sus viviendas, aún viven bajo “techitos armados”, porque optar por un alquiler o anticrético es un gasto.
“Ningún vecino acepta ir a los refugios y, lamentablemente, no se puede obligar a los compañeros porque aquí están todas sus cosas”, añadió.
Las declaraciones del subalcalde sobre la ilegalidad de los asentamientos habría causado malestar entre los vecinos afectados, quienes argumentan tener sus documentos en regla y pagar impuestos.