Guardaparques deben encarar acoso de avasalladores y de mineros ilegales
Los guardaparques deben encarar la falta de recursos humanos, condiciones adversas de trabajo, asedio de avasalladores y acoso judicial en sus tareas de protección de los 23 parques y áreas protegidas en Bolivia. Se sienten indefensos y desautorizados.
El vicepresidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques Agentes de Conservación (Abolac), Jimmy Torrez Muñoz, alerta que en el Parque Nacional Madidi el problema más serio es la presencia de la minería ilegal en los ríos.
Los guardaparques Marcos Uzquiano, quien actualmente ocupa el cargo de presidente de Abolac, y Raúl Santa Cruz son un ejemplo del acoso que existe por parte de las mineras que se dedican a la explotación ilegal en los parques del oriente boliviano; ambos afrontan un juicio por denunciar las agresiones de un empresario cuando internaba maquinaria pesada dentro del Parque Nacional Madidi “por la fuerza y sin ninguna autorización”.
El problema es más serio porque además no cuentan con el respaldo necesario de los administradores del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que prefirió hacerse a un lado del litigio, pese a que el conflicto se desató en el cumplimiento de su trabajo. “Ni siquiera hemos recibido una llamada de respaldo”, lamenta Uzquiano.
Sobre el tema, el director ejecutivo del Sernap, Johnson Jiménez, aclaró que se trata de un proceso privado. Por lo tanto, no pueden involucrarse.
Torrez menciona que en otros parques como el del Área Protegida del Parque Nacional Toro Toro, en Potosí, el conflicto más serio es con los avasalladores de tierras.
Los guardaparques llevan adelante un proceso judicial por la toma de unas 2 hectáreas de la zona y, pese al mandamiento de “desapoderamiento y desalojo”, no se logra el retiro de los avasalladores. Más bien son víctimas de amedrentamiento y amenazas a través de votos resolutivos en los que piden su destitución. Desde el Sernap, en este caso, se apoyó al “cuerpo de protección” del Parque Nacional Toro Toro.
Torres menciona que en el Parque Nacional Tunari, donde actualmente trabaja, se suma la problemática de la explotación de los agregados y el amedrentamiento de los avasalladores que quieren apropiarse de tierra sobre la cota 2.750. “Muchas veces hemos sido secuestrados e incluso nos han amenazado con la quema de nuestros coches”, recuerda el guardaparques.
Todos los guardaparques deben encarar la violencia de grupos de avasalladores que quieren instalarse en las áreas protegidas, señala Torres.
Otro problema es que son muy pocos para atender miles de hectáreas. En el caso del Parque Nacional Tunari, son ocho para vigilar una extensión de 300 mil hectáreas, y, en el caso de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni, son nueve para 135 mil hectáreas, por ejemplo.
Uzquiano reclama por el abandono. Desde el Gobierno central no se atiende a los campamentos que se encuentran deteriorados, no se protege al personal con seguros de vida y no se apoya los procesos que encaran contra los avasalladores. “No recibimos el apoyo y más bien somos cuestionados, desautorizados y desprotegidos”.
El proceso
El caso se inició el 30 de marzo de 2023, cuando el guardaparque Raúl Santa Cruz se enteró de las intenciones de ingresar maquinaria pesada al sector de Virgen de Rosario, sin autorización. Ya en la noche del mismo día llegó el minero Ramiro
Cuevas para ingresar con la maquinaria pesada al área protegida, pero se le negó el pedido; fue entonces que Santa Cruz fue víctima de amenazas con palabras despectivas e incluso fue amenazado con una silla.
Santa Cruz dio parte a Uzquiano de lo sucedido y éste difundió el hecho en sus redes sociales, esto fue aprovechado por Cuevas para denunciarlos por difamación. “Ellos quieren amedrentar a los guardaparques y defensores ambientales para que no se atrevan a denunciar”, lamenta.
“Nunca fuimos notificados formalmente en nuestros domicilios ni en nuestro lugar de trabajo”, denuncia Uzquiano.
Las maquinarias lograron ingresar al parque bajo presión y amenazas en la madrugada del día siguiente. Las mismas siguen operando en el espacio protegido.
“Nos preocupa de sobremanera que la justicia boliviana, el juzgado de Apolo admita de manera tan diligente una demanda en contra de dos guardaparques. Lo único que queríamos era precautelar la integridad física y, por el otro lado, impedir el ingreso de la maquinaria al área protegida para que no siga ocasionando mayor deterioro y contaminación ambiental”, señala Uzquiano.
Desde el Colegio Nacional de Biólogos demandan, a través de un pronunciamiento, justicia para los guardaparques que permitan soluciones desde el entorno político administrativo del país, que permitan garantizar sus derechos humanos y laborales.
Uzquiano dice que una sentencia adversa hará que “no se atrevan a ponerse al frente de un minero o maderero porque no habrá el apoyo necesario”.
En Bolivia hay unos 295 guardaparques distribuidos en todos los parques nacionales que, en total, cuentan con una extensión de 182.716, 99 kilómetros cuadrados.
