Campanazos y comitivas sirven para frenar vulneración de reservas
Campanazos de las capillas en las comunidades, reuniones, vigilias permanentes y redes de lucha son algunos de los mecanismos que se emplean en Bolivia para hacer frente a la arremetida contra áreas protegidas.
En la última década, alrededor de 22 proyectos que son impulsados por el Gobierno, sumados a una serie de asentamientos humanos en la Chiquitanía, pusieron en riesgo pisos ecológicos, animales silvestres y la calidad de vida de pueblos indígenas y campesinos.
Ante este panorama, hasta el repique de las campanas sirve como un instrumento para movilizar a la gente. Fue lo que ocurrió en la población de Roboré, donde el pasado 13 de noviembre se terminó quemando un módulo policial en rechazo a los asentamientos humanos en reservas naturales de El Paquió y del Valle de Tucabaca.
De los 22 proyectos, 14 afectan a siete áreas protegidas de las 22 que existen a nivel nacional y uno está ubicado en la región de Tiahuanaco que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los 15 corresponden a bloques petroleros cedidos a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Los otros siete fueron observados por ambientalistas e indígenas y corresponden a seis hidroeléctricas y el proyecto carretero Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.
Ante socializaciones parcializadas, divisiones a directivas y documentos aprobados sin consenso, comunarios e indígenas apuntan a la creación de una red de resistencia en contra del extractivismo y los megaproyectos en Bolivia.
Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) y del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), pobladores de El Bala, campesinos de Tariquía y tacanas del río Madre de Dios consolidaron el primer Congreso Nacional de Integración y Defensa de Territorios y Áreas Protegidas.
Al margen de ellos, cada uno se los sectores mencionados impulsa una lucha individual para defender el espacio que habitan. Es el caso de los campesinos de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, donde se conformó una comisión para asumir acciones en contra de los trabajos de exploración petrolera que YPFB Chaco pretende realizar en los bloques Astillero y Churumas.
La hidroeléctrica de El Bala es otros de los casos donde la empresa Servicoms, subcontratada por la italiana Geodata en la zona de El Chepete y el Bala, fue desalojada por comunarios en noviembre de 2016.
Sin embargo, los trabajos de la empresa no se detuvieron y aún se realizan visitas esporádicas a la zona, denunció el secretario de comunicación de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Alex Villca. Los pobladores permanecen en alerta.
La situación fue distinta en el proyecto hidroeléctrico Rositas. Por un año, diferentes brigadas de la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) realizaron estudios y socializaron el proyecto, pero el rechazo de los pobladores persistió. Indígenas guaraníes acudieron a una acción popular para frenar el proyecto, pero fue rechazado.
Finalmente, en octubre pasado, el Gobierno decidió paralizar la inversión del proyecto hasta que exista consenso en la zona.
El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, explicó que el primer paso que asumen las personas afectadas por la arremetida en contra de áreas protegidas es a través de reuniones orgánicas.
Posteriormente, se rompe el cerco local para que el caso se conozca más allá del territorio.
Por otra parte, Campanini señaló que las normas hidrocarburíferas aprobadas en paquete el 2014, atentan contra el derecho de comunidades y áreas protegidas.
“Cada área protegida tiene un objetivo, cualidades, protege sistemas, protege lugares sensibles, sino no serían áreas protegidas. Entonces cualquier actividad extractiva pone en riesgo ese siclo, esa dinámica y no sólo en cuestiones de ecosistema sino en sistemas sociales”, advirtió.
“Las comunidades que conviven ahí están afectadas porque las actividades económicas dependen de las reservas”.
35 ÁREAS DE SANTA CRUZ EN RIESGO DE AVASALLAMIENTO
REDACCIÓN CENTRAL
Según el asambleísta departamental por la provincia Chiquitos, Hugo Salmón, los asentamientos ilegales ocurren en las 35 áreas protegidas del departamento de Santa Cruz y gran parte de estas comunidades cuentan con resoluciones de asentamiento emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Salmón indica que solamente en el municipio de San José de Chiquitos existen más de 200 comunidades en tierras fiscales durante las tres gestiones de Evo Morales en el Gobierno. Por tratarse de predios fiscales no hubo inconvenientes, sin embargo, cuando alguna de estas comunidades intentaba instalarse en el Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja, la población de San José, “por instinto propio de conservación” se levantó y evitó consumar el asentamiento.
Joel Guarachi, dirigente sindical de Roboré, afirma que la organización de los pueblos de la Chiquitanía, ante algún asentamiento ilegal en sus áreas protegidas, es espontánea.
LOS RASTROS DE UN PUEBLO NO CONTACTADO EN BOLIVIA
REDACCIÓN CENTRAL
El 18 de septiembre de 2016 el líder del proyecto de Sísmica 2D, de YPFB Iban Zeballos, en un informe remitido al gerente de Seguridad, Salud, Ambiente, Social y Gestión Corporativa, Miguel Ángel Rojas, con el rótulo: “Presencia de pueblos indígenas originarios en situaciones de alta vulnerabilidad-Proyecto Adquisición Sísmica 2D Cuenca Madre de Dios, Área Nueva
Esperanza”, advierte sobre diferentes sucesos en torno al supuesto pueblo no contactado.
“BGP manifiesta tener documentación sobre la existencia de posibles miembros de pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad del tipo Toromonas no contactados”, señala la carta interna.
De acuerdo a los informes y reportes a los que accedió ANF, fechados entre el 12 y 19 de septiembre de 2016, la empresa PBG Bolivia SRL y YPFB, advirtió las primeras señales sobre la presencia de indígenas no contactados en el bloque Nueva Esperanza.
RESERVAS EN SANTA CRUZ CON ASENTAMIENTOS HUMANOS
Rerserva Guarayos. Se ubica en la provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, entre los municipios de Guarayos, Urubichá y El Puente. Tiene una superficie de 1.200.000 hectáreas.
Reserva El Choré. Se ubica en La Reserva las Provincias de Ichilo y Sara; sus territorio está compartido entre los municipios de YapacanÍ, San Juan y Santa Rosa del Sara. Tiene una superficie de 868.367 hectáreas.
Rerserva El Paquió. La “Reserva Ecológica de Paquió” se ubica en la provincia Chiquitos, en el municipio de Roboré. Tiene una extensión de 24.000 hectáreas.
Rerserva Tucabaca. La Reserva de Vida Silvestre Tucabaca se ubica en la provincia Chiquitos, en el municipio de Roboré. Tiene una extensión de 269.718 hectáreas.
Laguna Cconcepción. El Área Protegida Laguna Concepción se ubica en la provincia Chiquitos, en el municipio de Pailón. Tiene una superficie de 6.481 hectáreas.
Espejillos. El Área Protegida Espejillos se ubica en la provincia Andrés Ibáñez, en el municipio de Porongo. Tiene una superficie de 1.258 hectáreas.
Fuerte de Samaipata. Declarado como Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad en 1998, se ubica en la provincia Florida, municipio de Samaipata. Tiene una superfie de 260 hectáreas.
Copaibo. La Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo se ubica en la provincia Ñuflo de Chávez, en el municipio de Concepción. Tiene una superfie de 347.037 hectáreas.
ANÁLISIS
Raúl Velásquez. Especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo
Es preocupante que se siga avanzando en estas zonas
Todo se origina con el decreto 2366 de mayo de 2015 que autoriza la exploración en parques nacionales, es el principal paso que dio el Gobierno.
En agosto de 2015, el Ministro de Hidrocarburos y la Ministra de Medio Ambiente anunciaron la elaboración de una guía técnica para la exploración en áreas naturales y hasta ahora no hay. Sigue siendo preocupante que se siga avanzando cada vez más en estas actividades.
Esta guía técnica debería abordar aspectos como el uso de tecnología y por otra parte debería haber algún tipo de especificidad en la misma consulta. Ver cómo se puede involucrar a las comunidades para que haya una especie de mejoría para minimizar el impacto ambiental.
La Ley de Hidrocarburos establece dos momentos de consulta, antes de la actividad exploratoria y otro antes de la firma de un contrato.
