Alertan riesgo de que ahorros sean usados como caja chica en la Gestora
Aunque el Gobierno anunció que la renta de los jubilados se incrementará en 2 por ciento desde mayo del próximo año, cuando la administración total de los fondos migre a la Gestora Pública, analistas advierten que los aportes están en riesgo, ya que esos recursos pueden ser usados a modo de “caja chica” del Estado ante las dificultades económicas.
El traspaso de la administración de los 23.000 millones de dólares, que integran el Sistema Integral de Pensiones (SIP), a la Gestora Pública tiene un avance del 50 por ciento y culminará en mayo de 2023.
Para el exinvestigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Bruno Rojas, hay varios riesgos en este traspaso. El mayor de ellos es que la Gestora se convierta en la caja chica y grande del Estado, ya que la economía está en déficit porque el gas no genera los recursos de antes, de modo que el Gobierno vuelca la mirada a la plata de los aportantes.
Además, Rojas considera que, con el uso de estos recursos, hay riesgo de que las ganancias sean destinadas al pago de bonos sociales y no a mejorar las rentas de los jubilados; esto porque la Gestora es una empresa estratégica.
“Más de 23.000 millones de dólares están en riesgo por el hecho de que el Estado pueda acudir a los rendimientos de las utilidades de los aportantes para otros fines o lo puedan usar para empresas públicas deficitarias, por Ley la Gestora puede hacer eso”, dijo Rojas.
La Gestora fue creada como empresa pública estratégica, significa que se compara con YPFB, Entel y otras, que destinan parte de sus rendimientos al pago de políticas sociales del Gobierno.
Para Rojas, el hecho de que los fabriles, médicos, jubilados y trabajadores universitarios hayan pedido que se les suspenda la migración de sus datos a la Gestora, como ocurrió con los mineros de Huanuni, es una muestra clara de que los aportantes no confían en el Estado para la administración de sus ahorros.
“Los temores son justificados porque no brindan la suficiente confianza y transparencia. Todos los cuestionamientos no son respondidos de manera clara”, indicó.
Para el economista Gonzalo Chávez, con el funcionamiento de la Gestora, el Estado pasará a ser juez y parte y eso“es como mandar a los ratones a cuidar el queso”.
Aseguró que hay antecedentes que demuestran que el Estado es un mal administrador y una prueba de ello es que tardó 13 años para transferir los datos de las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP).
“El ser humano llegó a la luna en 10 años y nosotros en 13 años recién vamos a pasar los datos de las AFP a las Gestora. Si en 13 años no han podido hacer eso, ¿tendrán la capacidad técnica para gestionar 23.000 millones de dólares?, la mitad del PIB boliviano, yo creo que la desconfianza va por eso”, indicó en sus redes sociales.
En tanto, el Gobierno no aclaró algunas dudas respecto al funcionamiento de la Gestora ni se refirió a la deuda de 7.000 millones de dólares a los aportantes.
Fondos suman $us 23 mil millones
Desde el 9 de septiembre, la Gestora Pública administra parcialmente el Sistema Integral de Pensiones (SIP) y, desde mayo de 2023, tendrá la administración completa de un fondo de 23.240 millones de dólares.
El cambio dio lugar a dudas y preocupación entre los jubilados y aportantes, que temen que su dinero sea mal administrado y se queden sin renta de jubilación.
Los mineros de Huanuni lograron suspender temporalmente la migración de su sector a la Gestora Pública y otros sectores laborales solicitan lo mismo.
Los expertos han recomendado modificar la Ley de pensiones para mejorar la renta de jubilación.
