La Procuraduría suspende reunión con demandantes por caso terrorismo de 2009
La Procuraduría General del Estado suspendió la reunión virtual con las víctimas o demandantes en el caso Terrorismo o Rózsa ocurrido en el hotel Las Américas en Santa Cruz en 2009, instancia en la que se tenía que tratar las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Se los había convocado para una reunión virtual a las 14:00 (de hoy), la misma fue suspendida porque según la Procuraduría una de las cartas de la invitación fue hecha pública y la reunión era confidencial”, informó Gary Prado, exabogado de una de las víctimas a la ANF. De acuerdo con el abogado, en el oficio de invitación a la reunión virtual no especificaba que tenía un carácter confidencial, además, dijo que la reunión se podría haber llevado a cabo de manera privada.
Para esta reunión estaban convocados Mario Tadic, Elöd Tóásó y otras víctimas en el proceso de denuncia que realizaron ante la CIDH en contra del Estado boliviano.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó la pasada semana que este 11 de enero vence el plazo para que el Estado boliviano responda a la CIDH sobre su informe preliminar en el caso Terrorismo. Ese organismo estableció que se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Recomendaciones de CIDH
La CIDH emitió su informe preliminar el 21 de diciembre de 2021, en el que establece cuatro recomendaciones: la reparación integral con compensación económica a los afectados; la rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes; el inicio de procesos penales a los que violentaron los derechos de los demandantes, y por último adoptar medidas para que no se repitan este tipo de vulneraciones a los derechos humanos.
“Entonces cuando la Procuraduría hace llegar un oficio para una reunión un día antes que se venza el plazo, llama la atención, parece que no lo están tomando con seriedad, están jugando a entretener la situación en vez de cumplir con esa recomendación seria que le ha hecho la Comisión Interamericana”, sostuvo Prado.
Manifestó que, de acuerdo a las recomendaciones, se deben iniciar procesos penales en contra de quienes dieron la orden y en contra de quienes ejecutaron el operativo en el hotel Las Américas porque tienen distintos grados de responsabilidad.
“Desde Evo Morales, Álvaro García Linera; todos los que fueron ministros, desde (Alfredo) Rada hasta (Carlos) Romero; hay jueces, la vocal Pérez, el juez Maldonado, el juez Sarmiento. Todos ellos prolongaron las detenciones indebidas (...). También está la Policía de la Utarc (Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis), esos que ilegalmente irrumpieron; está Marco Farfán, que era viceministro; el coronel ahora general retirado Jorge Santisteban”, detalló a ANF.