Hoteleros exigen sanciones por “extorsiones” en Uyuni, pero Gobierno pide diálogo
Representantes del sector hotelero y de turismo en el país pidieron ayer que el Ministerio Público investigue los supuestos actos de extorsión de comunarios a empresarios en el Salar de Uyuni. Señalaron que el Gobierno debería ser parte coadyuvante en el proceso, después de que la viceministra de Turismo, Eliana Ampuero, pidiera diálogo entre partes.
“Uno no puede dialogar con un extorsionador, para eso tenemos un Ministerio Público. Debe ponerse en marcha la Fiscalía y el Viceministerio de Turismo debería ser parte coadyuvante”, dijo ayer el presidente de la Cámara Boliviana Hotelera, Luis Ampuero.
Acotó que, a diferencia de lo ocurrido en julio de 2021, cuando se quemaron tres domos para recibir turistas en Uyuni, esta vez debe haber sanciones para evitar que este comportamiento se reproduzca en otros sectores.
La semana pasada, un grupo de comunarios de Colchane (Potosí) bloquearon el acceso a al menos tres hoteles para exigir el pago de 10.000 dólares anuales a cada uno. El hecho fue calificado de extorsión por el empresariado.
La viceministra Ampuero señaló que se trata de un “acuerdo entre privados” que debe ser solucionado entre las partes o recurrir a la vía judicial y sentarse “en una mesa de diálogo”.
