Gobernaciones advierten efectos de caída de ingresos y el Gobierno lo atribuye a temas externos
Las gobernaciones del país ven con temor la caída de ingresos y la reducción de presupuesto de cara a 2024 que fue reconocida por el Gobierno nacional, desde donde atribuyen esta situación a factores externos como la baja del precio internacional del petróleo y el volumen de gas demandado por Argentina y Brasil, según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
El caso más reciente fue lanzado desde la Gobernación de Chuquisaca, donde el secretario de Desarrollo Económico, Félix Almendras, apuntó que “el 96% del presupuesto departamental depende” directamente de los ingresos generados por los hidrocarburos, subrayando así la delicada situación financiera que enfrenta el departamento.
A esto se suma otro problema: la caída en la producción gas, la cual “ha tocado fondo”, según las propias declaraciones del presidente Luis Arce Catacora, quien señaló que “no se han repuesto la reservas de gas y el país, por lo tanto, no tiene la capacidad de producir más”.
En este contexto, el gobernador chuquisaqueño Damián Condori no descartó la posibilidad de “cerrar las operaciones gubernamentales debido al drástico declive” en los ingresos que fueron anunciados por el Gobierno que fijó un tope presupuestario de Bs 337,8 millones para el 2024, que significan una caída del 13%.Según el ministro de Economía, las gobernaciones, municipios y universidades del sistema público tienen fuentes de financiamiento distintas, basados en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), que dependen de factores exógenos, como el precio del petróleo y del volumen de gas demandado por Argentina o Brasil.
“Y en la medida que estos factores vayan variando positivamente tendrán un techo presupuestario más alto. Entonces esa variabilidad, volatilidad, que pueden tener los techos presupuestarios son factores exógenos a la construcción de este límite que lo único que hace el Ministerio de Economía es calcularlos y decirle a la Gobernación ‘este es el techo que tienen’”, explicó.
Sin embargo, esto no genera tranquilidad y en regiones como Beni ya se alistan para declarar una insolvencia fiscal, según el gobernador Alejandro Unzueta, que pide ayuda al Gobierno nacional para buscar fuentes alternativas de financiamiento, tomando en cuenta que también se prevé un recorte presupuestario.
Montenegro señaló que el techo presupuestario 2024 de los municipios benianos aumentó de Bs 458 millones en 2023 a Bs 464 millones en 2024, el de la universidad pública también subió de Bs 186 a Bs 191 millones en el mismo periodo, pero el de la Gobernación bajó a Bs 234 millones.
“La Gobernación es la que sí reduce de Bs 265 millones a Bs 234 millones, pero son por estos factores exógenos obviamente a la Gobernación, pero exógenos también al Gobierno. No es un hecho atribuible que el precio del petróleo esté disminuyendo, nosotros no controlamos esa variable”, ratificó el ministro.
Desde Tarija, el gobernador Óscar Montes confirmó que el techo presupuestario caerá un 14% para el 2024 y se plantearon propuestas al Ministerio de Economía para que esa reducción no afecte a las obras y programas sociales, apuntando que con un ajuste oportuno se podrá afrontar la caída de los recursos, pero sin dejar de poner en duda la ejecución de nuevos proyectos.
“Es evidente que hay una disminución y eso lo está sufriendo todo el aparato estatal de Bolivia. Esto se debe a la declinación de los volúmenes de gas que se extraen de nuestros campos petroleros. Nosotros llevamos un control diario de lo que produce cada pozo en Tarija y la mala noticia es que todos los campos están en declinación”, advirtió Montes.
Mientras que la Gobernación de Santa Cruz es la que absorberá la mayor parte de la reducción presupuestaria absorbida por las gobernaciones. Si bien el ministro señaló que habrá una baja de Bs 125 millones para la región oriental, el secretario departamental de Hacienda, Orlando Saucedo, apuntó que la reducción será de Bs 128 millones de los Bs 300 millones que dejarán de percibir los nueve entes departamentales.
Ante esta situación, desde Santa Cruz se demanda reabrir el debate de un nuevo Pacto Fiscal como oportunidad para brindar equidad y mejores condiciones a las regiones y a la población boliviana, con un enfoque de desarrollo, según Saucedo.
