Denuncian que un fallo del TCP pone en riesgo las áreas de conservación protegidas
La Sentencia Constitucional 0076/2023 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deja en indefensión las áreas de conservación protegidas en los nueve departamentos del país, denunciaron activistas ambientales y legisladores de oposición.
La Sentencia declara la nulidad de varios artículos de la Ley Departamental Nº 98 de Santa Cruz, sobre el derecho de las gobernaciones a administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonios naturales dentro de su territorio autónomo.
La diputada María René Álvarez alertó que este fallo del TCP emitido el pasado 8 de agosto, sienta un presidente funesto contra las autonomías departamentales y deja en la “indefensión a las áreas de conservación protegidas”, según la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).
“Esta sentencia fue emitida en agosto por el TCP y fue notificada el 20 de septiembre, casi como un regalo del centralismo en contra de Santa Cruz, pero que sienta jurisprudencia para todos los departamentos y sus gobernaciones”, dijo la legisladora.
La sentencia constitucional 0076/2023 establece que el patrimonio natural es responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, según el Art. 346 de la CPE y con esto anula los alcances de la ley departamental cruceña y del resto de los ocho departamentos para administrar los espacios territoriales de conservación.
La diputada Álvarez, además hizo notar soslaya el artículo 300 de la CPE numeral 18, que hace referencia que a las competencias exclusivas de los gobiernos departamentales es la “Promoción y conservación del patrimonio natural departamental”.
El fallo TCP argumenta que el artículo 298 de la CPE que establece las competencias privativas y competencias exclusivas del nivel central del Estado, para anular varios artículos de la ley departamental Nº 98 que se promulgó el 21 de mayo de 2015 por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, bajo el título de “Ley de Conservación del Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz”.
Críticas
Al respecto, entre sorprendidos e indignados, no faltaron ciudadanos que mediante redes sociales expresaron su inconformidad frente a la disposición del TCP.
“…Anulan potestades que en caso de crearse nuevas áreas de conservación son desde todo punto de vista beneficiosas, pero como la naturaleza parece estorbar a la mayoría de autoridades del gobierno lo que hacen los jueces es hacer buena letra con ellos, aun sabiendo que atentan contra las pocas oportunidades de salvar áreas para la conservación aunque sean estás de cualquier orden sub nacional o nacional. Cualquier rato se les ocurre anular las áreas protegidas”, sostuvo el guardaparque Marcos Uzquiano a través de un grupo ambientalista en Whatsapp.
“Patético…y nadie q resista??? … expresó por la misma vía una activista medioambiental.
Otro mensaje concluyó: «Todo estaba planificado, nada es por nada…Dios salve a la vida».
De la misma manera no se descarta la probabilidad de que existan vínculos que relacionen esta sentencia con megaproyectos que amenazan el departamento cruceño.
Álvarez resaltó que, con este fallo, la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural (UCPN) Güenda – Urubó se encuentra en riesgo por el proyecto de la carretera La Guardia – Buena Vista y sus tramos 2 y 3, que invaden la zona de los reservorios del agua que abastece al área metropolitana de Santa Cruz, señaló El Deber.
Cabe recordar que la semana pasada fue posesionado un nuevo director de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) con antecedentes que lo liga estrechamente al sector de la minería cooperativizada de extracción aurífera: “Sin embargo, fue posible corroborar que Edgar Durán, quien fue designado como nuevo director nacional de la AJAM regional Santa Cruz, en reemplazo de Marcelo Díaz Meave, fue recientemente asesor jurídico de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz FECOMAN R.L.
