de 2015 a 2022 La inversión de las gobernaciones cayó en 53%, pero su gasto aumentó en 23%
La inversión de las gobernaciones disminuyó en siete años en un 53 por ciento, pero su gasto corriente subió en un 23 por ciento en ese mismo periodo. Analistas señalaron que esto se debe a que los Gobiernos departamentales perciben cada vez menos ingresos, por lo que sacrifican la inversión pública para mantener o incluso incrementar los pagos de sueldos y funcionamiento.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, los ingresos totales de las gobernaciones pasaron de 8.047 millones de bolivianos en 2015 a 6.424 millones para 2022, lo que significa una caída del 20 por ciento.
Los gastos corrientes subieron de 2.334 millones a 2.873 millones, pero los gastos de capital (inversiones) cayeron de 7.196 millones a 3.255 millones (ver infografía).
El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, señaló que esta es una tendencia que se repite también a nivel nacional. Destacó que la gestión 2022 sólo se ejecutó un 48 por ciento de la inversión pública programada por el
Gobierno central para ese año, cuya cifra ascendía a 5.015 millones de dólares.
“Eso es por la falta de recursos y la excesiva burocracia, pero la tendencia es que desde 2014 la inversión pública cae, pero se mantiene un aparato público grande con sueldos elevados que no disminuyen. Entonces, la tendencia es disminuir la inversión pública y destinar los recursos a más gasto corriente”, añadió.
La inversión pública ejecutada a nivel nacional disminuyó en 48 por ciento desde 2016 hasta el año pasado.
Romero explicó que la disminución de los ingresos desde 2014 se debe a que la economía nacional es aún extremadamente dependiente de factores externos y materias primas. En su opinión, compartida por otros analistas, se debe cambiar hacia un modelo distinto, “caso contrario, lo mismo que ocurrió con el gas será con el litio y de ahí no saldremos nunca”.
El investigador especializado en presupuestos públicos de la Fundación Jubileo, René Martínez, dijo que con la caída de los ingresos por hidrocarburos y las recaudaciones tributarias se afectó el presupuesto de las gobernaciones.
De acuerdo con datos analizados por Jubileo, para 2012, el 48 por ciento del presupuesto de las gobernaciones se destinaba a la inversión pública y el 52 por ciento al gasto corriente. Pero esto fue cambiando con el paso del tiempo, y para 2022, el presupuesto para inversión sólo llegaba a 24 por ciento, mientras que el que se destina al gasto corriente alcanzaba el 76 por ciento.
“Los Gobiernos subnacionales sacrificaron la inversión pública y trataron de mantener el gasto corriente en este panorama de menores ingresos que se tiene en el país”, sentenció.
Los efectos de esta situación afectan el desarrollo y crecimiento del país, alertó el investigador, y añadió que la inversión privada no ha suplido el vacío que deja la inversión pública debido a distintos factores, como las condiciones políticas y marco normativo que encarece los emprendimientos particulares.
Esta situación no pareciera mejorar. En 2022, Bolivia figuraba en el puesto 123 de libertad económica según datos de la Fundación Heritage, pero para este año descendió al puesto 167 de 184 países analizados.
La situación de los municipios puede ser aún más alarmante que la de las gobernaciones. Martínez dijo que para 2023 se registraron municipios que no tenían absolutamente nada de presupuesto para destinar a la inversión pública y todos sus ingresos se iban a mantener su gasto corriente para seguir funcionando.
Regalías son 64% de los ingresos
Los principales ingresos de las gobernaciones son las regalías, pues representan el 64 por ciento de sus ingresos totales. En orden de importancia siguen las transferencias del sector público (13,5 por ciento) y la coparticipación tributaria (12 por ciento).
En cuanto a los gastos corrientes, el pago de bienes y servicios es el más oneroso, seguido por el de servicios personales.
Actualmente aún se debate en el Legislativo el proyecto reformulado del PGE 2023, que tiene retrasos que podrían afectar aún más a la inversión pública en los Gobiernos subnacionales y universidades, según declaró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
El proyecto fue modificado en el Senado y enviado a Diputados nuevamente para su debate y aprobación.
