Ven riesgos ambientales, pero también oportunidades si el Estado produce oro
Analistas y defensores del medioambiente ven riesgos si es que el Estado incursiona en la producción de oro en la Amazonía boliviana con el fin de fortalecer sus reservas internacionales. Sin embargo, también se habla de oportunidades, siempre y cuando se cumplan las normas y resguardos, algo que no sucede con el grueso de las cooperativas auríferas.
El lunes, el ministro de Minería, Marcelino Quispe, informó que se perfilan tres proyectos para extraer oro a través de empresas estatales en los ríos Beni, Madre de Dios y Picosutu.
Con relación al proyecto en el Madre de Dios, manifestó que “hay un problema judicial, ya que los comunarios insistieron en que no se trabaje en los ríos”. Pero aseguró que el problema será resuelvo “y se van a asentar por lo menos unas cinco empresas en el Madre de Dios, ya estatales y privadas”.
Desde el Ministerio de Minería se informó que dicho “problema judicial” se refiere a una acción popular impulsada por pobladores del sector “por una supuesta contaminación ambiental en el área”.
La representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Ruth Alipaz, considera que, si el Estado comienza a hacer minería aurífera, las acciones judiciales no prosperarán, ya que el Movimiento Al Socialismo (MAS) controla el aparato judicial.
Asimismo, cuestionó que en julio de este año se hicieran operativos contra la minería ilegal en el Madre de Dios, arrestando a pequeños productores, pero se permita la destrucción de la Amazonía en otras zonas por parte de grandes empresas. Calificó a los operativos de “teatro” para despejar la zona para la actividad gubernamental.
Desde el Ministerio de Minería se indicó que “no debería existir temor, toda vez que los proyectos propuestos no consideran el uso de mercurio. Se realizará la obtención de oro por métodos gravimétricos”. Se añadió que “la protección del medioambiente está garantizado por la normativa jurídica boliviana, como la Constitución Política del Estado (CPE), la ley 535 de Minería y Metalurgia, y la Ley 1333 de Medio Ambiente”.
El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, manifestó que existe riesgo de devastación de la naturaleza, tal cual como ocurrió en la región Madre de Dios de Perú. Resaltó que es precisamente a ello a lo que se resisten las comunidades.
Esto, añadió, será difícil de controlar, ya que las instituciones del Estado “no funcionan como deberían, sino en función a intereses económicos y políticos”.
En cambio, para el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Alfredo Zaconeta, la participación estatal en la extracción de oro puede generar más réditos económicos y una mejor regulación de los impactos ambientales, lo cual no ocurre con el sector cooperativista, que produce más de un 96 por ciento del oro con un alto grado de contaminación.
¿El oro adquirido es de fuente legal?
La Comibol, a través de la empresa pública EBO, agiliza la compra de oro local para fortalecer las reservas internacionales. Sin embargo, surge la interrogante de cómo se garantiza que el oro adquirido provenga de una fuente legal.
El director del Cedib, Óscar Campanini, dijo que no se está haciendo el respectivo seguimiento y esto puede generar en lavado de oro ilegal.
El presidente de la Comibol, Reynaldo Pardo, aseguró que la adquisición se la hace de forma responsable sin aceptar a la minería ilegal.
