Los industriales plantean congelar los salarios este año para evitar recesión
La Cámara Nacional de Industria (CNI) pidió al Gobierno nacional congelar los salarios para esta gestión y no realizar el tradicional incremento el 1 de mayo, porque cree que causaría mayor recesión en la economía y sería un “fomento al contrabando”.
La Central Obrera de Bolivia (COB) exige un aumento del 8 por ciento al salario mínimo y 7 por ciento al básico. El Ejecutivo organizó mesas de trabajo con el sector obrero, sin considerar al empresarial para discutir estas demandas y llegar a un acuerdo.
En conferencia de prensa, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, manifestó que el aumento salarial es un “subsidio al contrabando”, ya que encarece el precio de los productos nacionales, que deben competir en forma desigual con los de origen extranjero que llegan al país de manera ilegal.
Calificó el pedido de la COB de “absolutamente inviable”, ya que “gatillará la inflación, promoverá el contrabando y la recesión económica”.
Recordó que la industria nacional estuvo prácticamente estancada en 2023, con un crecimiento mínimo del 0,5 por ciento. Asimismo, señaló que factores como la escasez de divisas y de combustibles, las sequías e inundaciones, los bloqueos y un contexto internacional adverso han provocado ya un encarecimiento de la producción nacional.
El presidente de la CNI cuestionó que en los últimos 13 años el incremento salarial fue tres veces mayor que el índice de inflación, y que sólo 1 de cada 10 trabajadores se beneficia de esta medida, dado el alto nivel de informalidad en el país.
Diferencias
La CNI recordó que, según el DS 2348, las empresas públicas no están obligadas a aumentar los salarios si es que no tienen utilidades operativas y sostenibilidad financiera por tres años seguidos. Por ello, el sector privado demanda “el mismo tratamiento que reciben las empresas públicas en materia salarial”.
“Existe la imperiosa necesidad de fortalecer a la industria y no debilitarla. Para este propósito se debe trabajar en políticas públicas que generen un clima de seguridad para las inversiones con ajustes y modernización de la normativa laboral, tributaria, la ley de inversiones”, añadió la CNI.