CNI: El 62% de encuestados apoya “medidas enérgicas” contra el contrabando
De acuerdo con un estudio presentado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el 62 por ciento de los encuestados apoya a que el Gobierno tome “medidas enérgicas” para combatir el contrabando, pese a que ésta es una actividad ilegal arraigada en la economía nacional.
Esto subrayaría el reconocimiento del impacto negativo que el contrabando tiene en las empresas locales y en las oportunidades de empleo formal, según la CNI. En este sentido, el estudio resalta que el 53 por ciento de la población encuestada señala que el contrabando hace que las empresas nacionales tengan que cerrar y eso hace que cada día haya menos empleos en el país.
Datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) dan cuenta de que, pese a las mejoras en la educación y al hecho de que más jóvenes cuentan con niveles educativos más altos que en generaciones anteriores, la tasa de empleo formal no ha mostrado “una mejora proporcional”.
Así, la participación de los jóvenes en el mercado laboral asalariado ha disminuido en más del 12 por ciento en la última década, mientras que los trabajos informales o por cuenta propia han visto un incremento del 15 por ciento.
“Esto indica un marcado desplazamiento hacia una economía menos formalizada, con menos seguridad laboral y beneficios asociados”, menciona el estudio.
Gustavo Luna, el director de Rodríguez y Baudoin, la empresa que llevó adelante el estudio del contrabando para la CNI, indicó que, “a pesar de su arraigo en la tradición económica, hay un llamado público a fortalecer el empleo estable y de calidad como una prioridad nacional”.
El estudio “El contrabando en Bolivia: entre la ilegalidad y la legitimidad social” fue realizado en diciembre de 2023, con una batería de grupos focales en cinco ciudades: La Paz, El Alto, Cochabamba, Tupiza y Santa Cruz.
La muestra total de la encuesta fue de 800 casos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El tamaño de muestra, según al teorema de intervalos de confianza, tiene un error esperado de 3,5 por ciento y una confiabilidad de 95 por ciento.
El marco de muestreo utilizado fue el padrón electoral para las elecciones judiciales de 2017 del Tribunal Supremo Electoral (TSE).