Impulsores de la agroecología pretenden disputarle espacio económico a la agroindustria
Impulsores de la agroecología, conscientes de su marginalidad estadística, pretenden disputarle espacios económicos a la agroindustria como una alternativa de desarrollo sin el uso de transgénicos, agrotóxicos y deforestación.
“Hay que disputarle a la agroindustria espacios en la estadística y la relevancia económica. Es importarte disputar espacios en la producción y la economía”, manifestó el director de la Carrera de Agronomía de la UMSS, César Escobar, durante el Foro Nacional sobre Agroecología que se desarrolló ayer en un céntrico edificio de la ciudad de La Paz.
El objetivo es bastante ambicioso, considerando la “marginalidad” en la que se encuentra la agroecología en comparación a los volúmenes de producción y flujo de dólares que genera la agroindustria, dijo Escobar. Sin embargo, apuntó que este desbalance, bastante dañino para el medioambiente, se logró por décadas de políticas públicas e incentivos enfocados en fortalecer la agropecuaria industrial desde el Estado.
Así, si la exportación de productos agropecuarios generan más de 2 mil millones de dólares, la agroecología no pasa de los 130 millones al año, acotó.
A tiempo de criticar la poca visibilidad que se le da a este rubro en las políticas públicas y en los medios de comunicación, el vicepresidente del Comité Ecológico Departamental de Santa Cruz, Romer Muñoz, señaló que los datos económicos no consideran los beneficios en salud, generación de empleo y protección ambiental que aporta la agroecología.
Para la presidenta del Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), María Julia Jiménez, existe poca información con relación a este sector, por lo que se debe impulsar una “hoja de ruta hacia la agroecología, como una alternativa a la hoja de ruta de la biotecnología que el presidente Luis Arce ha dicho que se debe trabajar”.
Para Escobar, entre las ventajas que encuentran estas intenciones está un aumento del interés de la sociedad en la crisis ambiental, acuerdos internacionales para financiar proyectos destinados a la protección del medioambiente y los conocimientos “ancestrales y locales” que se poseen en el país para el cultivo en territorio nacional.
Las amenazas, en su opinión, son la deforestación, sequía, producción de agrocombustibles y la expansión de la frontera agrícola.
