Atribuyen a cuatro factores el aumento de contrabando y plantean crear un observatorio
El contrabando se ha consolidado como un fenómeno económico de gran impacto en Bolivia, impulsado por diversos factores internos y externos. Según Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, la situación económica de los países vecinos, el tipo de cambio fijo, las subvenciones estatales y la alta informalidad en la economía nacional son determinantes clave en la expansión del contrabando en el país.
El contrabando en Bolivia no es simplemente una actividad marginal, sino una parte integral de la economía, con un impacto significativo. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que, en 2023, el contrabando generó un movimiento económico de aproximadamente 3.464 millones de dólares, representando cerca del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del país. A pesar del crecimiento del PIB boliviano en un 3,1% ese año, el contrabando creció en un 4%, evidenciando su expansión continua.
Romero destaca que estas cifras podrían ser mayores si se tuviera información más precisa sobre los productos que entran y salen del país ilegalmente. Este fenómeno, conocido como “contrabando a la inversa”, incluye el tráfico de carburantes hacia países vecinos, oro peruano que sale de Bolivia hacia Europa y Asia, y otros bienes que se exportan ilegalmente.
Impacto económico
El contrabando no sólo afecta la economía formal, sino también distorsiona el mercado y crea una competencia desleal. Luis Laredo, presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), subraya que las empresas formales enfrentan enormes desafíos, debido al contrabando de importación. Este fenómeno permite la entrada de productos en el mercado sin cumplir con los impuestos y regulaciones establecidos, lo que afecta la rentabilidad de las empresas legales y distorsiona los precios de los insumos y las materias primas esenciales.
Esfuerzos de control
La Aduana Nacional, responsable de combatir el contrabando, decomisó en 2023 productos valorados en 755,2 millones de bolivianos, lo que representó el 4,13% del PIB nominal del año anterior. Sin embargo, la efectividad de estas medidas ha sido cuestionada por Romero, quien sostiene que la mayor parte de los decomisos fueron vehículos (57%), mientras que los alimentos, cigarrillos y ropa usada representaron un porcentaje significativamente menor.
Para 2024, la Aduana Nacional planeó realizar 6.000 operativos y decomisar bienes por un valor de 400 millones de bolivianos. No obstante, las proyecciones de decomisos en productos que realmente afectan a la industria nacional, como prendas de vestir y bebidas alcohólicas, son bajas. Romero y Laredo coinciden en que la concentración en vehículos desvía la atención de productos que perjudican directamente a la industria local.
Propuestas y soluciones
Laredo propone la creación de un Observatorio Nacional del Comercio Ilícito, una iniciativa que permitiría actualizar y difundir cifras sobre el contrabando, facilitando así la toma de decisiones informadas y la implementación de políticas efectivas. Además, sugiere el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el análisis de datos y el blockchain, para un seguimiento más eficiente de las mercancías y la detección de patrones sospechosos.
Es esencial también sensibilizar a la población sobre los efectos negativos del contrabando mediante campañas educativas y el involucramiento de medios de comunicación y líderes de opinión. “Para combatir el contrabando de manera integral, es fundamental sensibilizar a la población sobre sus efectos negativos a través de campañas educativas que expliquen los riesgos y consecuencias del contrabando”, dice.
Esfuerzo conjunto
Romero y Laredo concluyen en que enfrentar el contrabando en Bolivia requiere un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, apoyado por tecnologías modernas y una población consciente de los efectos negativos de esta actividad ilícita. Sólo a través de un enfoque integral y coordinado se podrá mitigar el impacto del contrabando y fortalecer la economía formal del país. Combatir este fenómeno es crucial para garantizar la productividad, el empleo y un crecimiento económico sostenible en Bolivia, sostienen.
