Indígenas acuden al TCP para ratificar fallo contra minería ilegal en su región
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para ratificar el fallo judicial de septiembre de 2023 que prohíbe la minería ilegal en los ríos de su territorio, incluyendo el Beni, Madre de Dios y sus afluentes: Kaka, Alto Beni, Tuichi y Quiquibey.
Gonzalo Oliver, presidente de la Cpilap, criticó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por no realizar los controles suficientes para combatir las operaciones ilícitas en estos ríos. Oliver afirmó que, a pesar del fallo judicial, la minería ilegal continúa proliferando, afectando gravemente a las comunidades indígenas y al medio ambiente.
En respuesta, la AJAM aseguró que cumple con el fallo judicial y está llevando a cabo inspecciones in situ para verificar la explotación ilegal de minerales. Sin embargo, la entidad también indicó que, como institución técnica y administrativa, no tiene la capacidad ni las atribuciones para ejercer acciones operativas coercitivas, por lo que depende de las fuerzas del orden para intervenir.
“La AJAM está realizando inspecciones y recibe denuncias de minería ilegal, las cuales son remitidas al Ministerio Público para su correspondiente acción”, señaló un representante de la AJAM. Además, mencionaron que las actividades mineras en los ríos afectados están restringidas por el fallo judicial y que la entidad suspendió la tramitación de autorizaciones en esta región.
Oliver expresó que, si el TCP no logra detener la minería ilegal en el norte de La Paz, los pueblos indígenas recurrirán a instancias internacionales para buscar justicia. “En caso de no prosperar los efectos favorables a los pueblos indígenas por estas acciones que hemos iniciado, está en pie y en mente de nuestro territorio iniciar demandas internacionales a futuro”, afirmó.
Los reportes más recientes indican que la minería ilegal de oro sigue en aumento en los ríos mencionados, con la presencia de extranjeros de nacionalidad china y colombiana involucrados en estas actividades. Además, Oliver recordó que muchas de estas operaciones carecen de licencia ambiental y no cumplen con otros requisitos establecidos en la normativa.
