Empresarios alertan sobre el impacto de conflictos ante posibles inversiones
Después de que Brasil pidiera estabilidad y seguridad jurídica en Bolivia para sus inversiones, en Santa Cruz se reportaron avasallamientos en terrenos productivos, en La Paz conflictos sociales que paralizaron parte de la ciudad por diferencias políticas y en Tarija se retomaron los bloqueos en Tariquía para evitar el ingreso de las petroleras.
Estos hechos se han convertido en el “pan de cada día” en el país, ahuyentando las inversiones privadas y retrasando aún más la precaria economía, señalaron los empresarios.
“Nos preocupa que el Estado boliviano no esté preparado para ingresar al Mercosur”, manifestó ayer el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Amilkar Rocha.
“Para ser parte de la quinta economía del mundo, es necesario generar estabilidad política, jurídica y social. Ahí nos preocupa porque de pronto el país no está listo para cumplir esos requerimientos, y su permanencia puede ser cuestionada con el tiempo”, añadió.
Bolivia se ha convertido en miembro pleno del Mercosur esta semana. Para ello, contó con el apoyo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.
El presidente brasileño visitó el martes la ciudad de Santa Cruz con una amplia delegación de empresarios y ministros, quienes firmaron importantes acuerdos con sus pares bolivianos para el desarrollo económico de ambas naciones.
“Hemos conversado sobre la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los brasileños en Bolivia, para que estos puedan seguir contribuyendo al desarrollo económico del país”, dijo Lula, el 9 de julio, al finalizar una maratónica jornada.
El mismo día, 250 personas armadas avasallaron tres propiedades de 5.000 hectáreas en la provincia Guarayos, tomando rehenes y enfrentándose a tiros con la Policía, según reportó El Deber.
Al día siguiente, en la ciudad de La Paz, grupos de “arcistas” y “evistas” se enfrentaron con tomates, palos y petardos, ocasionaron destrozos de 250 mil bolivianos en una plaza pública e hirieron al alcalde del municipio.
Ayer, en Tarija, se reanudaron los bloqueos para impedir el ingreso de la brasileña Petrobras y la estatal YPFB a la reserva de Tariquía, por temor a la contaminación de sus actividades, reportó El País.
Ayer también la Cámara Nacional de Industria (CNI) expresó su rechazo y repudio a los avasallamientos y bloqueos “que estrangulan a las empresas”.
“Los avasallamientos y bloqueos generan un escenario de alta inseguridad jurídica para el desempeño de las empresas y ahuyentan a las inversiones nacionales y extranjeras, reflejando una imagen de ‘país de alto riesgo’”, publicó en un comunicado.
La CNI recordó que, por día de bloqueos, se pierden 50 millones de dólares, y como en los últimos 14 años hubo más de 2.400 bloqueos, se perdió lo equivalente “a la producción de tres años del PIB”.
En esta línea, la organización pidió tomar en cuenta su propuesta de modificar el Código Penal para tipificar como delitos los bloqueos que ateten contra “la seguridad y funcionamiento de servicios públicos, o que obstruyan vías públicas y atenten contra la vida y salud de la población”.
Estos hechos deberían ser sancionados con hasta ocho años de prisión, según la organización.
Amilkar señaló que el problema es que los conflictos sociales se han convertido en parte de la cultura nacional.
“No es un tema para responsabilizar sólo al Estado, sino que hay textualmente bloqueos hasta porque quieren sacar a la profesora del kínder. Hay una cultura de bloqueo y de impedir la movilización de personas para lograr un objetivo. Eso se ha impuesto por años con los movimientos sociales”, manifestó.
Mencionó que recientemente se tenía la amenaza de un bloqueo indefinido del transporte pesado, y dijo que, si bien las demandas eran respaldadas por el sector industrial (acceso a dólares y combustibles), el método no lo era.
