Empresarios privados exigen "medidas contundentes" contra avasallamientos de tierras
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha ratificado su pedido contra los avasallamientos de predios privados en diferentes sectores productivos del país, exigiendo al gobierno nacional que adopte medidas rápidas y definitivas para enfrentar este problema. En un comunicado emitido este jueves, la CEPB expresó su extrema preocupación por la creciente ola de invasiones en tierras agrícolas, particularmente en la región de Santa Cruz, y alertó sobre las graves consecuencias de estos actos delictivos.
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"La impunidad de estos delitos pone en duda la decisión manifiesta de proteger las inversiones y garantizar la plena vigencia de la Ley", subraya el comunicado. Los empresarios privados demandan sanciones ejemplares contra los autores materiales e intelectuales de los avasallamientos, que no solo afectan la propiedad privada y la producción de alimentos, sino también las fuentes de trabajo y la integridad de empresarios y trabajadores.
La CEPB enfatizó que estos actos de usurpación de tierras constituyen uno de los peores atentados a la seguridad jurídica en el país, y llamó al gobierno a tomar medidas contundentes para prevenir y sancionar estas acciones criminales. El sector privado afirmó que sin una respuesta firme, la confianza en el marco legal y en la protección de inversiones se ve seriamente comprometida.
Por su parte, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) reveló que de las 223 denuncias de avasallamiento de tierras registradas a nivel nacional, solo 23 casos han sido resueltos estructuralmente, lo que deja un saldo de 200 conflictos pendientes.
Además, Confeagro destacó que los avasallamientos han aumentado desde la aprobación de la Ley Nacional para el Saneamiento de Tierras. Esta situación ha generado una mayor inseguridad jurídica, afectando negativamente la actividad productiva y la estabilidad económica en las regiones afectadas.
La CEPB y Confeagro coinciden en la necesidad de acciones inmediatas y efectivas por parte del gobierno para proteger los derechos de los productores y propietarios en todo el territorio nacional. Ambas organizaciones instan a las autoridades a demostrar un compromiso real con la protección de las inversiones y el respeto a la propiedad privada, fundamentales para el desarrollo económico del país.
