Gobierno responde a gobernadores: El PGE 2025 incluye demandas clave
El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, respondió a las críticas formuladas por siete de los nueve gobernadores del país contra el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Según las máxima autoridades ejecutivas departamentales, el documento no cumple con los acuerdos alcanzados en el último Consejo Nacional de Autonomías (CNA) ni en reuniones técnicas previas.
Montenegro aseguró que el Gobierno cumplió sus compromisos y subrayó la importancia de respetar los plazos constitucionales para la presentación del presupuesto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Los plazos para la entrega del documento son estrictos y no pueden ser ignorados”, afirmó el ministro en una conferencia de prensa realizada en La Paz.
El titular de Economía también destacó que el PGE 2025 incorpora dos artículos propuestos por los departamentos, cuya inclusión respondió a un análisis técnico y legal. “Sería un despropósito que rechace el PGE porque se han incluido dos artículos que ellos mismos propusieron tras el tiempo y análisis correspondiente”, enfatizó.
Puntos clave
El proyecto incluye dos artículos que abordan los traspasos presupuestarios a las partidas 10.000 de las gobernaciones, cumpliendo con una de las demandas regionales. Sin embargo, una propuesta adicional planteada por el gobernador de Tarija, Oscar Montes, no fue incorporada, debido a la falta de tiempo para realizar el análisis técnico-legal necesario, explicó Montenegro.
El miércoles, una reunión en Santa Cruz congregó a los gobernadores y sus equipos técnicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Beni, Oruro y Potosí. En el encuentro se discutieron alternativas para aumentar los ingresos regionales, entre ellas el financiamiento verde. Esta estrategia propone aprovechar los servicios medioambientales que ofrecen las 55 millones de hectáreas de bosques del país, con un potencial estimado de generar al menos 5.000 millones de dólares anuales.
Reacciones y desafíos
El rechazo de los gobernadores evidencia tensiones en la relación entre el Gobierno central y las autoridades departamentales, generando dudas sobre la capacidad de coordinación para gestionar el presupuesto de manera colaborativa. Aunque la inclusión de los dos artículos propuestos por las gobernaciones es vista como un avance, la exclusión de la propuesta tarijeña incrementa las fricciones.
Además, el financiamiento verde emerge como una oportunidad para diversificar los ingresos y fortalecer la economía regional de manera sostenible. No obstante, aún está por definirse si esta alternativa será priorizada en futuras revisiones presupuestarias.
El Gobierno enfrenta el reto de equilibrar las políticas nacionales con las demandas de los departamentos, mientras los gobernadores buscan garantizar recursos suficientes para sus regiones. El debate sobre el PGE 2025 continuará siendo un termómetro de las relaciones entre el Ejecutivo y las entidades autonómicas en un contexto de creciente demanda por mayor autonomía y recursos.
