Militares violadores colombianos se salvan de la prisión perpetua

Mundo
Publicado el 28/07/2020 a las 0h00
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Organizaciones, periodistas y víctimas critican la reforma a la Constitución que fue promulgada por el presidente colombiano Iván Duque que impone la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 17 años. 

Manary Figueroa, periodista y activista colombiana, quien fue violada hace 25 años por militares en la región rural de la Arauca, califica de populista la decisión de Duque y criticó que la pena no incluye a militares que cometieron vejaciones sexuales.

“Duque, de manera muy populista después de conocerse la violación de la niña en comunidad Embera Chamí, manifestó que iba hacer todo lo posible por aperturar la prisión perpetua para violadores teniendo en cuenta a los militares. Pero él sabe la justicia ordinaria no puede juzgar a las entidades militares, pues ellos (FFAA) tienen tribunales especiales para procesarlos”, manifiesta.

Manary Figueroa contó a Los Tiempos que en la madrugada del 29 de enero de 1995, ella, un tío y su madre, Yinérida Hernández, viajaban por Arauca, un departamento en el este del país afectado por la guerra, como parte de una mudanza. 

Según su relato, dos soldados detuvieron el auto en el cual viajaban para requisarlo, agredieron a su tío y las llevaron a monte adentro, donde primero violaron a la madre, que estaba embarazada de cuatro meses, y luego a Manary, quien en ese entonces tenía cinco años. 

En tanto, el analista colombiano John Palomino dice que la aprobación de la cadena perpetua para violadores es parte de un “afán protagónico” del partido Centro Democrático del senador Álvaro Uribe, otrora presidente de Colombia, y afín al actual mandatario Duque. 

“Afán protagónico, porque para que esta ley sea aprobada e implantada en el país debe hacerse una modificación a la Constitución, ya improbable desde el punto de vista de los expertos”, sostiene Palomino. 

Por su parte, los activistas aseguran que un incremento punitivo no es eficaz en la reducción de los delitos. 

“Los militares ni los antiguos rebeldes estarían expuestos al castigo perpetuo, por cuanto la nueva norma constitucional no aplicaría de forma retroactiva y, en el caso de las FARC, los acuerdos de paz prevén sanciones especiales por crímenes cometidos durante el conflicto”, dice el activista Jairo Betancourt.

Aprobada por el Congreso, la nueva norma modifica el artículo 34 del texto constitucional que prohibía “las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”. Hasta ahora la pena máxima en Colombia era de 60 años de cárcel. 

El abuso contra menores también ha estado presente en el conflicto colombiano de casi seis décadas. 

Los máximos responsables de las FARC —la guerrilla que pactó la paz y se disolvió en 2017— enfrentan acusaciones ante la justicia de paz de reclutamiento y violencia sexual de niños y adolescentes.

En ojo de la tormenta

También el Ejército recientemente anunció la expulsión de 31 militares implicados en agresiones sexuales que, en varios casos, tuvieron como víctimas a niñas indígenas desde 2016. 

El alto mando del ejército de Colombia reconoció a mediados de julio que 118 militares están siendo investigados por presunto abuso sexual contra menores, en medio del escándalo por las violaciones de dos adolescentes indígenas a manos de soldados.

El alto mando destapó el expediente presionado por los escándalos que involucran a las tropas en violaciones de indígenas y que causaron un rechazo generalizado. 

El 25 de junio autoridades indígenas denunciaron que una chica de 12 años fue violada y secuestrada por soldados que patrullaban en el territorio de la comunidad Embera Chamí. Siete militares aceptaron cargos por la violación de la menor y están recluidos en una cárcel de alta y mediana seguridad para miembros de la fuerza pública. 

Cuatro días más tarde, estalló una nueva denuncia de violación contra una joven de 15 años, de la etnia Nukak Makú, por un grupo de militares en septiembre de 2019. 

 

EL EJÉRCITO Y LA JUSTICIA, EN JAQUE

El abuso sexual contra mujeres ha sido una de las armas que tanto los militares como las guerrillas y paramilitares han utilizado en el conflicto que protagonizan hace 60 años. 

Según datos de la Fiscalía colombiana, sólo entre 2008 y 2015, quizá los años más crueles de la guerra, se registraron 623 casos de abuso sexual, de los cuales 11 arrojaron una sentencia y 30 por ciento habrían sido cometido por paramilitares, 18 por ciento por guerrillas y 7 por ciento por militares, entre otros grupos.

La violación de la niña abrió por primera vez la puerta para hablar de algo que antes parecía un tema intocable: que funcionarios del Estado, armados para defender al pueblo, también abusaron de niñas y mujeres.

 

MILITARES, ABUSIVOS PRIVILEGIADOS 

JOHN PALOMINO. Analista político

No es la primera vez que suceden actos como éstos por parte de soldados colombianos, razón por la cual las organizaciones insisten en penas ejemplares a los implicados, pero también fortalecer la formación en derechos humanos a los miembros del ejército. 

Sin embargo, la respuesta a estas peticiones ha resultado infructuosa por múltiples razones, entre ellas el evidente apadrinamiento del Gobierno a las fuerzas militares, enceguecidos por subir la moral del Ejército, la cual supuestamente quedó por el piso tras el proceso de paz del expresidente Juan Manuel Santos. Excusa que, al final de cuentas, fortalece la visión de muchos comandantes de que no hay necesidad de reformar el ejército. 

En días recientes, la Fiscalía colombiana imputó cargos a los siete soldados implicados por acceso carnal abusivo en menor de 12 años, lo que despertó otra polémica y debates en torno a lo bajas que pueden llegar a ser las condenas a miembros militares. 

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