Tras tiroteo, Biden pide al Congreso que prohíba las armas de asalto
Washington |
El presidente de EEUU, Joe Biden, reactivó ayer el debate sobre el control de armas, uno de los más intensos y estériles de la política estadounidense, al pedir la prohibición del armamento de asalto después del tiroteo masivo en Boulder (Colorado).
Un día después de que un hombre de 21 años matara a diez personas en un supermercado con un rifle de asalto AR-15, Biden habló finalmente sobre el control de armas, un tema que había evitado mencionar la semana pasada, cuando otros tiroteos dejaron ocho muertos en Atlanta.
"No quiero esperar otro minuto, ni otra hora, para dar pasos que son de sentido común y que salvarán vidas en el futuro", dijo Biden en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.
Biden pide vetar las armas de asalto
El presidente pidió "prohibir de nuevo las armas de asalto y los cargadores de munición de gran capacidad", en referencia a un veto nacional de ese tipo de rifles que se aprobó en EEUU en 1994, pero que caducó en 2004 sin que el Congreso lo renovara.
También urgió al Senado a aprobar "inmediatamente" dos proyectos de ley que ya han recibido el visto bueno de la Cámara Baja y que "cerrarían los vacíos legales en el sistema de verificación de antecedentes" de los compradores de armas.
Es improbable que alguna de esas medidas reúna los 60 votos necesarios para salir adelante en el Senado, donde la estrechísima minoría demócrata debería convencer a diez republicanos de sumarse a ellos.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo poco después que Biden podría usar también su poder ejecutivo para impulsar un mayor control de armas, pero su capacidad para hacer cambios unilaterales al respecto es limitada.
"Este no debería ser un asunto partidista, este es un asunto estadounidense, que salvaría vidas, vidas de estadounidenses", recalcó Biden.
El estéril debate sobre las armas
Cuando era vicepresidente de EEUU, Biden y el entonces mandatario, Barack Obama, impulsaron una serie de reformas para controlar las armas, pero el Congreso no aprobó siquiera la que generaba más consenso en todo el país: un sistema de verificación de antecedentes de los compradores de armamento.
El propio Obama contribuyó ayer a retomar el debate sobre el tema, al pedir en un comunicado que se "supere la oposición de los políticos cobardes y la presión de un 'lobby' de las armas que se opone a cualquier límite a la capacidad de cualquiera de reunir un arsenal".
El que fuera presidente entre 2009 y 2017 se refería a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), que defiende sin matices el derecho constitucional a portar armas y cuenta con aliados poderosos en el Congreso que reciben generosos fondos de ese grupo de presión en sus campañas electorales.
Algunas de esas figuras se atrincheraron este martes en su posición, como el senador republicano Ted Cruz, que expresó su oposición a cualquier aumento del control de armas durante una audiencia en el Comité Judicial del Senado.
"Siempre que hay un tiroteo, escenificamos este ridículo teatro, en el que este comité se reúne y propone un montón de leyes que no harían nada para detener estos asesinatos", opinó el político conservador.
Aunque los tiroteos masivos han disminuido en EEUU desde que comenzó la pandemia, ese tipo de sucesos han dejado más muertos en la última década que en las anteriores, debido en parte al uso de armas de asalto con cargadores de gran capacidad, según un análisis del Washington Post.
El de Boulder ha sido el mayor tiroteo masivo en EEUU desde agosto de 2019, cuando un joven supremacista blanco mató a 23 personas, la mayoría hispanos, en un supermercado de Walmart en El Paso (Texas).
Los detalles del tiroteo
Según las autoridades de Colorado, el sospechoso del nuevo tiroteo tenía un rifle de asalto AR-15 y una pistola semiautomática que compró la semana pasada, aunque no está claro si usó ambas en el ataque, informó el diario The New York Times.
La Policía de Boulder identificó al presunto autor del ataque como Ahmad Al Aliwi Alissa, que residía en la cercana ciudad de Arvada, un suburbio de Denver, y que llevaba varios años viviendo en EEUU.
Aunque las autoridades no especificaron su nacionalidad, documentos judiciales revisados por el New York Times muestran que nació en Siria en 1999, y que tuvo dos encontronazos con la Policía de Arvada en 2018, por un asalto en tercer grado y una falta criminal.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya sabía quién era Alissa porque tenía lazos con otra persona a la que esa agencia estaba investigando, de acuerdo con el rotativo neoyorquino.
Las autoridades subrayaron que todavía desconocen los motivos del ataque y que Alissa, herido en la pierna durante el suceso e ingresado en un hospital, aunque prevén trasladarlo a una cárcel del condado donde está Boulder.
Alissa enfrenta diez cargos de asesinato en primer grado por el tiroteo, cuyas víctimas fueron clientes o trabajadores del supermercado además de Eric Talley, un agente de Policía de Boulder. Talley, de 51 años y padre de siete hijos, fue de los primeros en llegar al lugar y murió durante el tiroteo.
El resto de los fallecidos fueron Denny Strong, de 20 años; Neven Stanisic, de 23; Rikki Olds, de 25; Tralona Bartkowiak, de 49; Suzanne Fountain, de 59; Teri Leiker, de 51; Kevin Mahoney, de 61; Lynn Murray, de 62; y Jody Waters, de 65.
Aumentarán impuestos a empresas
El gobierno de Biden está considerando un alza de impuestos para las empresas para financiar sus prioridades - que incluyen un plan de infraestructura -, indicó ayer la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen.
Biden "fue claro sobre sus propuestas fiscales", declaró Yellen ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, afirmando a los legisladores que quieren llevar este impuesto a la renta empresarial de un 21 por ciento actual a un 28 por ciento.
Se espera que Biden presente pronto su propuesta de un masivo plan de infraestructura que está orientado a crear empleo y combatir el cambio climático, ayudando así a la economía estadounidense a superar la crisis del Covid-19.
Pero después de la aprobación de un inmenso plan de alivio para los hogares y las empresas por 1,9 billones de dólares, el mandatario está bajo presión del Congreso para mantener controlado el gasto.
Varios medios estadounidenses reportaron que Biden está considerando un gasto en infraestructura por un total de 3 billones de dólares, que serán distribuidos en varios proyectos de ley.
Cualquier iniciativa enfrenta un panorama complicado en el Congreso, donde los demócratas tienen una leve mayoría en la Cámara de Representantes y están igualados con los republicanos en el Senado.
