Reelección de Bukele, entre señalamiento de ilegalidad y respaldo oficialista
El anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de que buscará la reelección inmediata en los comicios de 2024 se ha encontrado este viernes con señalamientos de ilegalidad y con el respaldo del vicepresidente, Félix Ulloa, quien en un anteproyecto de reforma constitucional ha propuesto prohibirla.
La posibilidad de que Bukele se reelija por un segundo mandato consecutivo en 2024 se abrió en septiembre pasado, cuando una cuestionada Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificó un criterio sobre el tema.
Antes de dicha resolución, quien ocupaba la Presidencia debía esperar 10 años después de concluir su mandato.
Ahora, Bukele es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña que intentará reelegirse, dado que esta situación no se daba desde la época de la dictadura militar.
El anuncio "violenta" la Constitución
Para Celia Medrano, excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no es una sorpresa el anuncio y advierte que va en contra de lo establecido en la Constitución.
"No es una sorpresa. Violentar las limitantes constitucionales ha sido la práctica cotidiana de los grupos de poder que controlan Capres (Casa Presidencial)", dijo en reacción al anuncio.
Señaló que la irrupción de Bukele al Congreso con militares y soldados armados en febrero de 2020, conocido como el 9F, y la destitución de los jueces constitucionalistas en un proceso ampliamente criticado en 2021 "han preparado el camino de la reelección".
A juicio de Medrano, existe un "control total de todo el Estado", por lo que "es inútil una discusión si la inconstitucionalidad de la reelección es apoyada por la población o no".
"Con la consolidación de todo el control, poco importa si bajarían niveles de popularidad o no", subrayó.
Recordó que los artículos de la Constitución que establecen la alternabilidad en el poder y que el periodo presidencial establece que un mandatario no puede continuar "ni un día más" tras cumplir los 5 años.
La habilitación sin "legitimidad"
A juicio de Jonatan Sisco, abogado de la organización humanitaria Cristosal, los magistrados que emitieron el fallo que abre la posibilidad de la reelección inmediata son de "facto" y no tienen "legitimidad democrática de origen ni de ejercicio, entonces no tiene valor jurídico".
Tras darse a conocer dicho fallo que habilita la reelección, diferentes voces cuestionaron su legalidad, incluso Estados Unidos lo condenó y señaló a los jueces de ser "leales al órgano Ejecutivo".
"La Constitución es tan clara en la prohibición de la reelección inmediata que está incluso penalizado con la pérdida de los derechos de ciudadanía el solo hecho de promover la reelección", indicó.
Para Sisco, los magistrados que modificaron el criterio de reelección actuaron "fuera del marco de sus competencias constitucionales".
Explicó que el fallo fue emitido en un proceso ajeno a esta controversia, dado que se trataba de un caso en el que se pedía la "pérdida de la ciudadanía" y no que se pronunciara sobre la reelección.
Los magistrados decretaron que la prohibición de la reelección es para quien haya ejercido la Presidencia por dos periodos seguidos.
Por otra parte, Sisco indicó que si Bukele se inscribe como candidato en el Tribunal Supremo Electoral "está obligado a descalificar al presidente porque sobre él pesa una causal de inhabilitación".
Perfil de riesgo del país subiría
Para el economista salvadoreño del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) Ricardo Castaneda, el anuncio de Bukele "genera una mayor incertidumbre, porque hay un rompimiento de las reglas del juego y esto, obviamente, preocupa a los inversionistas".
"Los inversionistas se preguntarán: ¿Qué garantías tengo de ir a invertir en un país si en un momento dado también me pueden romper a mí las reglas del juego si lo está haciendo el propio presidente?", comentó vía telefónica.
Además, apuntó que la decisión de buscar una reelección "se anuncia el mismo día que Fitch (Fitch Ratings) baja la calificación de riesgo, y esa calificación de riesgo básicamente coloca a El Salvador con alta probabilidad de impago".
La agencia de medición de riesgo Fitch Ratings informó el jueves que rebajó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) -Issuer Default Rating- en moneda extranjera a largo plazo de El Salvador y señaló que la situación de liquidez es "grave" antes del pago de eurobonos de enero de 2023.
"El anuncio puede provocar que el perfil de riesgo del país siga siendo sumamente alto y (que existan) limitantes en (el) acceso de financiamiento y esto, obviamente, puede traer implicaciones no solo para el Gobierno, sino que para la ciudadanía", explicó el economista.
Castaneda agregó que "una crisis política, de la democracia, tarde o temprano redunda en una crisis económica y ya la situación económica y financiera del país es delicada y con este tipo de anuncio la situación todavía se puede volver mucho más compleja".
El vicepresidente respalda a Bukele
El vicepresidente, Félix Ulloa, aplaudió este viernes durante una entrevista televisiva la decisión de Bukele y dijo que los argumentos en contra "no tienen asidero constitucional".
"No existe ninguna prohibición para que el presidente Nayib Bukele pueda inscribirse como candidato", agregó e indicó que seis meses antes el 1 de junio de 2024 "tiene que dejar de ejercer la Presidencia", según estableció la Sala de lo Constitucional.
Ulloa calificó de "errónea" y "tendenciosa" la interpretación de los magistrados que indicaba la prohibición de la reelección inmediata de 2014.
El vicepresidente salvadoreño fue designado por Bukele para preparar una reforma constitucional y el anteproyecto establece que un presidente debe esperar 5 años para buscar nuevamente el cargo.
Antes de ser presidente, Bukele afirmaba que "en El Salvador una misma persona no puede ser presidente dos veces seguidas".
Tras llegar a la Presidencia salvadoreña en 2019, Bukele calificó de "dictadores" a Juan Orlando Hernández y a Daniel Ortega, quienes se pudieron reelegir en Honduras y Nicaragua, respectivamente, gracias a resoluciones de cortes constitucionales.
