Pedro Castillo: "Estoy injustamente detenido, jamás renunciaré"
El expresidente peruano Pedro Castillo dijo el martes que jamás renunciará al cargo y exhortó a militares y policías a dejar de reprimir las manifestaciones que dejan siete muertos y decenas de heridos desde el domingo, tras su fallido autogolpe.
"Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", dijo Castillo en una audiencia judicial que evalúa su apelación a la detención provisoria.
Castillo hizo responsable a la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, y a su círculo "del feroz ataque a sus compatriotas", en las protestas de los últimos días en las que han fallecido 7 personas y 130 policías han resultado heridos, 15 de ellos por el lanzamiento de un explosivo, mediante una carta leída por su defensa este martes.
"Quiero dirigirme al país para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón", remarcó el mandatario al presentar sus argumentos en una audiencia en la que un tribunal supremo revisa la apelación al arresto preliminar que se dictó en su contra.
Tras escuchar los alegatos de la defensa del exmandatario, la Fiscalía y la Procuraduría del Estado, el juez supremo César San Martín le pidió a Castillo si tenía "algo que agregar".
El exgobernante, que estaba conectado de manera virtual desde la prisión a la que fue enviado el pasado miércoles, afirmó que se dirigía a su país para decirle que está "totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, su lucha y su implicación".
"Jamás renunciaré, ni abandonaré, esta causa popular que me ha traído acá", sostuvo.
Castillo también exhortó "a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", en referencia a las manifestaciones y enfrentamientos, con gran cantidad de actos vandálicos, que se presentan en el país desde el pasado fin de semana.
RESPONSABILIZA A BOLUARTE
Al salir de la audiencia, dos de sus abogados leyeron una breve carta en la que el mandatario repitió su exhortación a las fuerzas de seguridad a deponer las armas "a fin de parar el levantamiento del orden democrático y la masacre" del pueblo.
Responsabilizó, en ese sentido, a la presidenta Dina Boluarte, y a su círculo más cercano, de las consecuencias que está teniendo la crisis social y política que afronta el país.
"Señora Dina, mire el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y a todo su circulo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas, hago un llamado al pueblo organizado a seguir alerta y optimista", señaló la misiva leída por el abogado Ronald Atencio.
Durante su intervención en la audiencia, el gobernante también pidió a sus seguidores que lo acompañen este miércoles, aunque en ese momento fue interrumpido por San Martín, que le dijo que la audiencia no era "el espacio para este tipo de proclamas" y le pidió que solo ofrezca un alegato "desde la perspectiva jurídica sobre su defensa".
"No he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión", concluyó Castillo.
Tras eso, San Martín dijo que, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, la resolución sobre el pedido de apelación "se debe leer inmediatamente", por lo que convocó a las partes a conocer su decisión a partir de las 15.30 hora local de hoy (20.30 GMT).
Castillo ya publicó este lunes en Twitter una carta desde su centro de arresto, en la que escribió que considera estar "secuestrado" y tachó de "usurpadora" a Boluarte.
Horas antes, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo, y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.
El exgobernante fue destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
