Nicaragua declara “traidores” a 94 exiliados, entre ellos el escritor Sergio Ramírez
Un tribunal de Nicaragua declaró “traidores a la patria” e inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos a 94 opositores exiliados, entre ellos el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez.
Además de Ramírez, vicepresidente del gobierno sandinista de la década de 1980 que encabezaba el actual mandatario Daniel Ortega, entre los sancionados figura el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, la escritora Gioconda Belli y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.
El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó ante medios oficialistas la resolución que declaró la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a las 94 personas consideradas “prófugas de la justicia”.
“Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población”, indicó el magistrado.
“Por estos hechos, a los acusados no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses”, añadió.
Lista
En la lista de sancionados hay políticos de distintos partidos y formaciones opositoras, exfuncionarios gubernamentales, exguerrilleros sandinistas, activistas de organismos no gubernamentales y periodistas opositores.
“Ténganse a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua” y cargos de elección pública a perpetuidad, indicó el juez.
El magistrado indicó que “por ser traidores a la patria, a los 94 acusados se les impuso las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente”.