CIDH alerta sobre el debilitamiento de la democracia en Latinoamérica
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en su informe anual sobre la situación de garantías fundamentales en las Américas en 2022 que las tendencias de “debilitamiento” de la democracia y los ataques a la independencia judicial en la región son “preocupantes”.
El organismo regional con sede en Washington y parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que los 35 Estados que conforman el organismo regional encaran serios desafíos, sobre todo por la pérdida de institucionalidad democrática y los constantes atropellos a la justicia.
“Durante 2022, la CIDH observó acciones estatales provenientes de los diferentes poderes que plantean serios desafíos al sistema de pesos y contrapesos y por consiguiente ponen en riesgo la institucionalidad democrática; en particular, mediante acciones que tendrían como efecto debilitar la independencia judicial en la región”, dice el informe.
A la vez, el organismo garante de derechos humanos en la región llama a los Estados a “proteger a los operadores de justicia frente a los ataques” que se manifiestan en actos de intimidación, amenazas y hostigamientos cuando éstos procesan a implicados en violaciones de derechos humanos.
“Si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrándose así el acceso a la justicia”, prosigue el informe.
La CIDH advierte que el problema ha desencadenado una serie de retos a nivel regional que surgen del “debilitamiento de la institucionalidad democrática” que en efecto cascada conllevan a la desconfianza social en las instituciones estatales.
“La CIDH ha observado obstáculos para el ejercicio de la labor periodísticas; la violencia y criminalización contra personas defensoras y periodistas —asesinatos, acoso, intimidación, asesinatos, criminalización—”, reza el informe.
Militarización
La Comisión también incluye en el informe que las tendencias de una persistente militarización en la región “destaca con preocupación”, como la propensión a recurrir a la figura de los estados de excepción como estrategia para “atender situaciones que afectan la seguridad ciudadana”.
El informe ha retomado también —a partir de la compilación de datos más de 50 audiencias realizadas el año pasado— que persisten el incremento de “grupos armados no estatales en disputa por control de economías ilícitas”, que llevan al aumento alarmante de homicidios.
Aprobó 1.003 medidas cautelares
En 2022, el organismo regional asegura que recibió 1.033 solicitudes de medidas cautelares de las que aprobó el 97,09%, con las que se permitió proteger a unas 1.648 personas.
