Greenpeace denuncia un incremento del 25% de la deforestación en Argentina
La organización ecologista Greenpeace denunció este jueves un aumento de la superficie deforestada en Argentina durante la primera mitad de este año, de un 25 % más que en el mismo período de 2022 y sobre todo a causa de desmontes ilegales.
En un informe, Greenpeace dijo que detectó mediante el uso de imágenes de satélite que durante el primer semestre del año 51.600 hectáreas del norte argentino fueron deforestadas, un 25 % más que en los primeros seis meses del pasado año.
Según la organización, la situación más grave se da en las norteñas provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales.
Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, resulta "preocupante el aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal".
"En Santiago del Estero el Gobierno viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido. Mientras que en Chaco la Justicia provincial suspendió los desmontes a fines de 2020, pero las topadoras avanzan cada vez más. El Gobierno controla poco y es evidente que las multas no son suficientes para terminar con este ecocidio. Penalizar los desmontes ilegales parece la única solución", afirmó Giardini.
Según la organización ambientalista, la principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y el cultivo soja que en gran medida Argentina exporta a Asia y Europa.
Este fenómeno se da sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de América.
"La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad", señaló Giardini.
Greenpeace impulsa en Argentina una consulta popular sobre la penalización de la destrucción ilegal de bosques nativos que estará abierta a la participación hasta el próximo el 10 de octubre y cuyos resultados se presentarán en el Parlamento argentino.
