Renuncia la subsecretaria de Cultura de Chile por sospecha de corrupción
La subsecretaria de Cultura y las Artes de Chile, Andrea Gutiérrez, presentó este viernes su renuncia luego de que el Gobierno abriera un expediente interno por la entrega de subvenciones públicas a distintas organizaciones, un hecho que se enmarca en una trama mayor conocida como "Caso Convenios".
La Presidencia chilena informó en un escueto comunicado de la renuncia de Gutiérrez y de la apertura del expediente, pero no especificó el motivo.
Gutiérrez explicó minutos más tarde en un comunicado en su cuenta de Twitter que no se inhibió en la adjudicación de fondos públicos a la Corporación de Desarrollo Municipal de Santiago, de la que fue directora hasta hace menos de dos años.
"Cometí un error, actuando de buena fe y sin intención maliciosa, al firmar dos convenios en los que tenía la obligación legal de abstenerme", reconoció la todavía número dos del Ministerio, cuya renuncia se hará efectiva el próximo 31 de julio.
Ambos convenios, agregó, "se ejecutaron adecuadamente, cumpliendo con todas las disposiciones establecidas en los acuerdos institucionales".
Uno de ellos se destinó a la reparación del Teatro La Cúpula en el Parque O'Higgins, en Santiago, mientras que el otro se usó para una exposición de artistas urbanos en Plaza de Armas, también en la capital.
El medio Ex-Ante, paralelamente, reveló esta semana que Gutiérrez firmó el año pasado dos convenios por más de 200 millones de pesos (más de 240.000 dólares) con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile, representada legalmente por Teresita Ugarte, pareja de su exjefe de gabinete Pablo Casals.
La renuncia de Gutiérrez, independiente pero cercana el oficialista Frente Amplio, tiene lugar en plena investigación del llamado "Caso Convenios" sobre supuestas irregularidades en el traspaso de fondos públicos a numerosas fundaciones privadas a lo largo de todo el país.
El primer caso estalló en junio en la norteña región de Antofagasta por millonarios convenios suscritos entre la delegación regional del Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática, uno de los partidos de la coalición oficialista y que fue fundado por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
La polémica ha golpeado durante al Gobierno, que anunció una auditoría interna por todo el país para aclarar si existen irregularidades en la entrega de subvenciones públicas, una se remontará a la legislatura del expresidente conservador Sebastián Piñera (2018-2022).
La oposición de derecha lleva semanas pidiendo la renuncia de Jackson, uno de los ministros más cercanos al presidente Gabriel Boric, y ha subido el tono de sus críticas en los últimos días, sobre todo el partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha condicionado su permanencia en una mesa de negociación para reformar las pensiones a la salida del ministro.
