Piden nulidad de la candidatura a la reelección de Nayib Bukele
La derechista y exgobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador declarar la nulidad de la candidatura a la reelección del presidente Nayib Bukele, por considerarla inconstitucional.
"Como Arena y como defensores de la democracia venimos aquí a interponer un escrito para que se declare la nulidad de esa inscripción (de Bukele)", declaró César Reyes, un diputado de Arena, partido que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009.
"Estamos aquí para defender la Constitución de la república, para defender nuestro estado democrático, y sobre todo el estado de derecho y que se cumplan y se hagan cumplir las leyes", subrayó Reyes.
El presidente de Arena, Carlos García Saade, indicó que "la Constitución establece que se prohíbe la reelección inmediata" y llamó a los magistrados del TSE a que "sean valientes con el juramento que hicieron con la Constitución".
El viernes el TSE aceptó inscribir la candidatura de Bukele para los comicios del 4 de febrero, aunque opositores alegan que lo prohíbe la Constitución.
Reelección estaba prohibida
En El Salvador estuvo prohibida la reelección hasta la llegada de Bukele al poder, por lo que opositores y abogados han adelantado que seguirán presentando recursos al TSE.
Bukele fue habilitado para optar a la reelección en 2021 por magistrados de la corte constitucional nombrados por el Congreso dominado por el oficialismo.
El candidato presidencial por el partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, adelantó que su agrupación también prestará un escrito en los próximos días para solicitar al TSE la nulidad de la candidatura del mandatario.
Milenial de 42 años, Bukele, hábil con las redes sociales, es el presidente más popular de América Latina con el respaldo de 90% de los salvadoreños, según una encuesta publicada en julio por la ONG Latinobarómetro 2023.
Ese generalizado apoyo radica en su plan de seguridad que llevó tranquilidad a comunidades aterrorizadas por las pandillas, pero a costa, según grupos humanitarios, de derechos limitados por el régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
