¿Peligra el Estado de derecho en Argentina con las megarreformas que pretende imponer Javier Milei?

A menos de un mes de haber asumido la presidencia de Argentina, el 10 de diciembre de 2023, el populista de derecha Javier Milei lanzó un ajuste económico radical y una reforma masiva del Estado. Lo hizo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) —que ya entró en vigencia—, y de la Ley Ómnibus, un gran paquete de leyes que se tratan y se votan al mismo tiempo.

Decreto de 366 artículos

“El DNU es un mecanismo que figura en la Constitución y que se ha usado con diferente intensidad y ritmo en todas las presidencias anteriores, desde Carlos Menem en adelante. No obstante, aparece aquí un cambio enorme de escala y espectro. Nunca tuvimos un DNU con esta amplitud de temáticas”, dice Gustavo Arballo, abogado y profesor de derecho constitucional en la Universidad de La Pampa.

Para que deje de tener vigencia, el DNU debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso. Si una sola lo aprueba, o no es tratado por una de las dos, tiene validez. Dado que el partido de Milei, el ultralibertario La Libertad Avanza, cuenta solo con 38 diputados de 257 y 7 senadores de 72, hasta el momento no tiene quorum en ninguna de las cámaras para iniciar una sesión, por lo cual deberá negociar con otros bloques.

El plazo para que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, envíe el DNU al Congreso vence el 8 de enero. Luego, una comisión bicameral debe analizarlo en un lapso de 10 días hábiles.

“Si el Poder Ejecutivo no envía el DNU al Congreso, surge una disputa jurídica, pero también política, y el problema es que así se está judicializando la política”, explica el politólogo y asesor Gustavo Marangoni. Sin embargo, agrega, “dada la envergadura del DNU, el Congreso podría tratarlo en enero o febrero sin que el Poder Ejecutivo lo presente formalmente”.

El DNU contiene profundas modificaciones de la legislación laboral, limitando el derecho a huelga y afectando las indemnizaciones, entre otras. Este capítulo fue suspendido por la Cámara de Apelaciones del Trabajo el miércoles último. También deroga la Ley 27.551 de Alquileres, abriendo la posibilidad de que los propietarios exijan el pago en moneda extranjera y todo tipo de duración de los contratos.

“Mientras el DNU esté en vigencia, genera derechos adquiridos”, subraya Maragoni. Por ejemplo, un contrato de alquiler firmado de acuerdo con el DNU, sigue vigente aunque el DNU sea rechazado posteriormente.

Si bien existen plazos, “hay muchos aspectos que no tienen efectos concretos sobre la vigencia del decreto, ni lo hacen caer”, advierte el jurista Arballo.

Ley Ómnibus: 163 páginas

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, 664 artículos en 163 páginas, fue enviada el 27 de diciembre de 2023 al Congreso y es tratada en sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero.

Toca temas clave para el país, como la emergencia económica, la reorganización administrativa, la seguridad y la defensa, la justicia, el medioambiente, el turismo y el deporte, la salud pública, y la infraestructura y servicios. Además, el proyecto de ley ratifica el DNU dictado por Milei el 20.12.2023, que aún no ha sido evaluado por el Parlamento. Varios aspectos del DNU y la Ley Ómnibus se entrelazan, complejizándose así su tratamiento en el Congreso.

El megaproyecto de ley podría afectar las facultades del Poder Legislativo. Gustavo Arballo estima que “tiene una visión abiertamente refundadora del derecho. Parece estar en estrés con la división de poderes, porque tenemos a un actor hegemónico, el Poder Ejecutivo, que, aparte de administrar, va a legislar mucho y sin controles muy adecuados, y, en este caso, de manera sumamente amplificada”.

A juicio de Gustavo Marangoni, “el Congreso quedaría menoscabado si aprobara la Ley Ómnibus que propone el Gobierno tal cual está redactada”. Esto va en contra de la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos entre los tres poderes.

¿Podrá Milei imponer el DNU y la Ley ómnibus? “Lo que se advierte es que el Ejecutivo tiene la intención de asumir funciones legislativas durante cuatro años, y eso genera, obviamente, posiciones encontradas”, observa. “Constitucionalistas de todo el espectro señalan que el DNU es ‘nulo de nulidad absoluta e insanable’, porque la Constitución argentina no lo ampara”.

Crisis económica de varias décadas

Argentina lucha desde hace décadas con masivos problemas económicos. Entre 1983, el año en que volvió la democracia, y 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita aumentó apenas un 29%. 

En comparación, en toda la región de América Latina y el Caribe ese índice aumentó en un 48% en el mismo período, y a escala mundial, hasta en un 87%.

La crisis económica continuó agravándose en Argentina en los últimos años. 

El índice oficial de pobreza subió de un 32,2%, en 2016, a más del 40% en el primer semestre de 2023. Luego de que la tasa de inflación anual permaneciera en dos dígitos durante años, en 2023 ascendió a un 161%.

Ningún país en el mundo le debe tanto dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI) como Argentina: actualmente, cerca de 31 mil millones de dólares.

Desde el viernes, representantes del FMI se reúnen con el gobierno en Buenos Aires para hablar sobre los pagos de la deuda. 

Su política de austeridad es “más fuerte” de lo que exige el FMI, escribe el diario español El País. 

Pero la planeada terapia de shock  es muy controvertida. El mayor sindicato del país, cercano al exgobierno peronista, ya anunció grandes manifestaciones y una huelga general para el 24 de enero.

El jueves último, la Cámara de Apelaciones del Trabajo suspendió hasta nuevo aviso la reforma laboral contenida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que puso en marcha Milei.

Viabilidad de los cambios  y posibles consecuencias

¿Le será fácil a Milei poner en práctica sus reformas? “No, en absoluto”, afirma el politólogo Gustavo Marangoni, “Por lo menos no en los términos tan ambiciosos como lo plantea en el DNU y el proyecto de ley”. Y subraya que “al reclamar facultades legislativas durante cuatro años, afecta indiscutiblemente el funcionamiento del Estado de derecho”.

“Este proyecto va a tener como mínimo muchas dificultades. Tal como está, con el espectro de temas, me parece políticamente poco viable, es técnicamente imposible hacer un tratamiento racional de tantas cosas distintas”, sostiene Gustavo Arballo, abogado miembro del Capítulo Argentino de la  International Society of Public Law.

Voces críticas debaten si el Gobierno de Javier Milei va camino de convertirse en una autocracia. “Son muy pocas las cosas que un presidente no podría hacer con esas delegaciones de facultades. El problema es que todo esto deja al Congreso como un actor secundario en la producción de normativas de la República”, dice el jurista.

En cuanto a lo que podría hacer la ciudadanía contra este megaproyecto de reformas que algunos ya tachan de ‘‘antidemocrático’’: “Nuestro sistema de control constitucional presupone litigios focales, con respuestas focales y segmentadas. No obstante, hay algunos que se pueden colectivizar”, dice Arballo. También clave será la respuesta de la Corte Suprema a los amparos y demandas, cuando reinicie su período de actividades, concluye.