Cristina Fernández está desde hoy en prisión domiciliaria y con tobillera electrónica
La Justicia argentina concedió este martes la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández tras la ratificación de su condena la semana pasada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por corrupción, según un fallo judicial.
De esta forma, a partir de esta misma jornada, y un día antes de lo que se había dicho, la política se encuentra oficialmente presa.
El tribunal resolvió aceptar la solicitud de la defensa de la exmandataria, que pedía que se le otorgara la prisión en su domicilio atendiendo al hecho de que tiene 72 años, fue presidenta del país y sufrió un intento de asesinato.
La Justicia no aceptó, en cambio, que Fernández no usara una tobillera electrónica, y dio la orden de que se le instale el dispositivo de vigilancia.
"Corresponde establecer que, a partir del día de la fecha, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso que le fuera impuesta en esta causa", señala la resolución judicial emitida por el juez Jorge Gorini.
No perturbar al vecindario
La pena la cumplirá en su departamento en el barrio de Constitución, en Buenos Aires, detalla el documento judicial, y le ordena "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".
En las puertas de su casa, la presencia de seguidores es permanente desde hace una semana, pese a las bajas temperaturas del invierno austral y las paredes del edificio donde reside están tapizadas de cartas y mensajes de apoyo.
La dos veces presidenta (2007-2015) y una vez vicepresidenta (2019-2023) fue condenada por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur), en una decisión judicial sostenida el martes pasado por la Corte Suprema argentina.
