Gobierno insiste en industrializar coca excedente
El presidente Evo Morales confirmó ayer que el objetivo del Gobierno es legalizar 20 mil hectáreas de coca, 8 mil más de lo que actualmente permite la Ley 1008. Quedará pendiente regular el 35% que va a mercados ilegales.
El oficialismo plantea que la hoja que no es para consumo tradicional sea industrializada, pese a que la única iniciativa de ese tipo, Ebococa, fracasó.
El presidente Evo Morales señaló que en la Ley Integral de la Hoja de Coca se podría legalizar 20 mil hectáreas (ha) de cultivos en todo el territorio nacional como plantearon los productores de coca de Chapare, en abril pasado.
“Nosotros estimamos que con 20 mil (hectáreas) ya puede cerrarse (y terminar) de erradicar. Ése es un debate permanente entre el Gobierno y las fuerzas sociales que tienen que ver con la plantación de coca”, indicó.
Sin embargo, el proyecto de ley que plantean los productores de Yungas de La Paz no especifica el número de hectáreas, pero piden mantener la extensión actual que llega a 20.200, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés).
El informe también indica que el 35 por ciento (11 mil hectáreas) de la coca que se produce en Bolivia no pasa por el mercado legal.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que legalizar las 20 mil hectáreas no significa legalizar el desvío de las 11 mil hectáreas porque lo que se proyecta es la industrialización.
Recordó que un estudio del 2013 señala que se requieren 14.705 hectáreas para el consumo y el resto (6 mil hectáreas) para la industrialización.
“Eso sí, se tendrían que establecer los mecanismos regulatorios y de control necesario, pero eso todavía es parte de la ley que se tiene que elaborar”, señaló.
El analista Roberto Laserna dijo que en 10 años de Gobierno no se han hecho los suficientes esfuerzos para encontrar mercados alternativos o estudios que ayuden a encontrar mercados alternativos. “Lo único que se hizo es otra fabriquita de hojitas de tés, de mates de coca; pero no esfuerzos reales de investigar y tratar de ver qué se puede extraer, qué otros usos se pueden hacer, si hay usos medicinales o no, etc. Realmente es un área que se ha descuidado”, señaló Laserna.
El investigador Fernando Salazar afirmó que “legalizar las 20 mil hectáreas –aunque sabemos que hay más- afectará la imagen del país a nivel internacional y no sería un acto adecuado en este momento. Agregó que hace varios años se habló de la industrialización que dejó con expectativa a la población, pero “ahora no hay nada” y tampoco se habla de la calidad en la producción de la hoja de coca y que se dejó al margen la coca orgánica con fines medicinales.
La empresa Ebococa en Chapare fracasó en el intento de industrializar la coca.
EVITARÁN DESVÍO DE LA HOJA
El informe de monitoreo de cultivos de coca 2015 difundido por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito señala que el 35 por ciento de la coca que se produce en Bolivia no llega a los mercados legales.
Frente a este tema, el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, dijo que se incorporará en la nueva Ley de Coca un artículo específico de control social, no sólo enfocado a los cultivos sino a la lucha contra el narcotráfico en las zonas de producción.
Además, reconoció que varios productores de Chapare llevan directamente su coca a Santa Cruz, obviando el mercado de Sacaba. “Vamos a entrar a ese trabajo de concienciación, toda la hoja de coca -así como en La Paz- tiene que llegar al mercado de Sacaba y luego a Santa Cruz, Beni, Pando”.
En el caso de La Paz, el dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), David Huayhua, señaló que el problema del desvío de la hoja de coca no afecta a los productores paceños porque toda la coca que sale pasa primero por el mercado de Villa Fátima, por lo tanto, los cocaleros de Chapare deben asumir acciones frente a esa situación.
El próximo 23 de julio en Lauca Ñ, Shinahota, ambos productores se reunirán para consensuar un sólo proyecto de ley de coca.
