Viloco pide pruebas para entregar a mineros acusados
Tres días después del operativo policial en el centro minero cooperativo de Viloco, los pobladores ofrecen entregar a los acusados por el Gobierno como los principales asesinos del exviceministro Rodolfo Illanes, pero antes piden “pruebas” de las acusaciones.
Los comunarios están en vigilia y organizados en diferentes turnos ante un nuevo ingreso de policías a la población.
El Gobierno cree que en el lugar se encuentra Ángel Aparaya, sospechoso del asesinato de Illanes, y que es protegido.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que durante el operativo la gente rodeó a los policías y evitó la aprehensión.
La Policía prepara operativos para buscar a otros implicados.
Un dirigente minero —que pidió guardar en reserva su nombre— en conversación con Los Tiempos, señaló ayer que Viloco no está encubriendo a nadie pero pidió al Gobierno mostrar “pruebas” de sus acusaciones para que la población entregue a los supuestos autores del asesinato. “Que entreguen pruebas y que después se los lleven”, dijo el minero cooperativista.
Agregó que la gente está cansada y quiere que en los siguientes días se “arregle esta situación. Hemos pedido que vengan fiscales para conversar. Nosotros no nos negamos a ayudar en la investigación”, dijo.
Según el periódico digital Urgentebo, el subalcalde de Viloco, Guillermo Bernabé, confirmó que Aparaya se encuentra en esa zona esperando que la comunidad lo entregue a las autoridades, pero pidió que se someta a un careo para evidenciar la verdad de lo ocurrido el pasado 25 de agosto en la localidad de Panduro.
Operativo
El pasado jueves, según informó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto al igual que la Defensoría del Pueblo, un grupo de policías ingresó bruscamente a tres viviendas de Viloco para aprehender a los sospechosos del asesinato de Illanes.
De acuerdo con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante el operativo, los pobladores rodearon a los policías y evitaron que se concrete la aprehensión pero además el viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, acusó a los comunarios de encubrir a Ángel Aparaya, quien es el hermano de Rubén Aparaya, uno de los cinco mineros muertos durante el conflicto cooperativista.
Al mismo tiempo, Villa señaló que todavía restan 10 operativos policiales para dar con el paradero de todos los implicados en el asesinato de Illanes.
Vigilia y tensión
No podemos seguir viviendo en tensión, no pueden venir policías en horas de la noche. Por qué no vienen en el día para conversar”, señaló el dirigente. Durante el operativo, varios comunarios resultaron heridos, algunos con balines y otros con golpes porque se opusieron a la aprehensión de sus familiares.
Según el dirigente, desde el día del operativo policial no hay clases en las escuelas de Viloco porque los estudiantes quedaron “traumados” con la intervención de la Policía. “Estamos en vigilia, nos hemos organizado porque hay mucha susceptibilidad en la gente”, indicó.
Carvajal respalda a Inca
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH), Amparo Carvajal, señaló ayer que el trabajo que realizó el representante de la regional de El Alto, David Inca, “ha actuado de forma independiente por las razones que él ha creído, además ha ido y ha comprobado que se han violado los derechos humanos en el allanamiento de las casas, de las mujeres, de los niños, buscando a un presunto culpable”.
El viernes, la APDH regional El Alto determinó suspender a Inca por haber infringido con su actuar en supuestos hechos ocurridos en el Centro Minero de Viloco. Sin embargo, Carvajal asegura que la suspensión no cumplió con el procedimiento formal porque primero debe conocerse ante el comité de ética y ser probada.
“Cabe aclarar que estoy intentando con David esclarecer la muerte de los cinco mineros al igual que del Viceministro, que se haga justicia, pero lamentablemente no hay una igualdad en la búsqueda de los culpables de un lado y otro”, sostuvo.
Al mismo tiempo, dijo que Juana Cabrera y Sebastián Condori, miembros de la APDH, quienes firmaron la suspensión de Inca, tienen antecedentes políticos vinculados al MAS.
