¿Es coherente nuestra política antidroga?
Entender la problemática que supone la lucha contra las drogas en el país, parte necesariamente de un análisis de lo que fue la Convención Única Sobre Estupefacientes de la ONU de 1961, ya que ésta marcará el punto de partida de las políticas y Leyes elaboradas por los Estados para que introduzcan por primera vez, obligaciones penales para que sus legislaciones nacionales criminalicen la producción, el comercio no autorizado y el cultivo de plantas destinadas a fines distintos del área médica y científica.
Esto lleva a considerar, que la única forma de mediar el problema del tráfico y consumo de drogas es a través de una franca “guerra contra las drogas”, concepto que se irá profundizando en el transcurrir de los años, con la finalidad de reducir el incremento de las actividades de tráfico sobre todo a la producción de cocaína y heroína, que originará sin embargo, una organización delincuencial que establecería redes poderosas para superar las trabas para el tráfico de drogas hacia los grandes centros de consumo EEUU y Europa.
A raíz de esta situación, los países de alto consumo, adoptarán políticas de fuerte control punitivo, que traspasarán sus fronteras nacionales, con una injerencia en otros Estados a través de la criminalización de los países productores. Normando, no sólo políticas de control de drogas, sino también de migración poblacional y de recursos hacia estos países. Obligando a la implementación de legislaciones drásticas como la erradicación forzosa, la eliminación y quema de cultivos, la persecución y encarcelamiento de productores campesinos y la restricción de visas a ciudadanos de estos países.
Cabe señalar, que pese a los recursos destinados a la lucha contra las drogas a nivel mundial, la reducción del consumo y del tráfico no disminuyó. Más al contrario, se muestra cada vez más un incremento de las actividades relacionadas con drogas con un aumento de las situaciones de violencia, gracias a que en gran medida, los traficantes consolidaron una fuerza bélica capaz de hacer frente a los embates de las políticas de guerra contra las drogas.
Esta organización delincuencial que controla el tráfico de drogas, también lograría establecer redes clientelares de corrupción al interior de los Estados, llegando a controlar las entidades políticas, judiciales y policiales, mediante sobornos, asesinatos y financiamiento de partidos políticos. Ante esta situación, actualmente a nivel mundial, se lleva a replantear el fracaso de la política de “guerra contra las drogas” abriendo el debate sobre la posibilidad de legalizar una serie de sustancias como la marihuana y despenalizando el consumo, el microtráfico, debido a los altos costos sociales que implica mantener un control punitivo a ultranza. Ya que esta política, se ha traducido en el encarcelamiento de sectores que por su situación de vulnerabilidad y drogodependencia han terminado hacinando las cárceles.
Un estudio más detallado, puede mostrar que la población carcelaria por delitos relacionados con drogas en Bolivia, se compone en su mayoría por mulas, tragones, consumidores y microtraficantes, quienes son los eslabones más débiles y reemplazables de la cadena de narcotráfico, y no así, de peces gordos, sobresaturando el sistema judicial con cargas procesales que demandan la erogación de cuantiosos recursos económicos para procesar a estos individuos, que no atenta a la organización delincuencial. Ya que por un detenido menor en materia de narcotráfico, existe por lo menos cinco que puedan reemplazar su lugar.
Ahora bien, últimamente se escucha a nuestros operadores en materia de lucha contra las drogas, de buscar incrementar los tipos penales para poder criminalizar a microtraficantes, consumidores, tragones, etc, pese a un escenario internacional que demanda despenalizar las actividades menores, y centrar los recursos estatales no a la judicialización de sectores vulnerables, sino a la rehabilitación de consumidores y a la detención de los peces gordos del narcotráfico mediante la supresión de su poder político económico y financiero. Uruguay dio un paso al respecto, mediante la legalización de la marihuana, pero nosotros mantenemos la posición de guerra contra las drogas pese a mostrar la ineficacia de esta política que lleva a preguntarnos: ¿es coherente nuestra política antidroga?
El autor es sociólogo y miembro del CIAS.
