Violencias interciudadanas

Esta tendencia hacia el control y la represión no es gratuita, responde también a una realidad social. Y es que somos una sociedad en la cual las relaciones inter-ciudadanas son absolutamente violentas

Hace un par de semanas se llevó a cabo la VI Cumbre de Seguridad Ciudadana. Al estar por concluir el proyecto “Violencia e inseguridad ciudadana en ámbitos urbanos” que se realiza entre varios centros de investigación de la UMSS y de la sociedad, muchos de los discursos y posiciones mantenidos en este evento, no nos sorprenden. Me refiero por ejemplo, al discurso del presidente Morales o a las ideas estrafalarias de enviar a los pandilleros a reformarse al servicio militar (institución que se presenta como otro ejemplo del mal manejo del monopolio de  la violencia estatal, sin control y sin acuse de responsabilidades).

No es casual que amparándose en el pedido de las madres, el Presidente llegue a plantear la necesidad de una suerte de “toque de queda”; o el peso que se da al protagonismo policial en las políticas de seguridad (a su modernización tecnológica por ejemplo) o a la aplicación de mano dura a los delincuentes y jóvenes pandilleros –de hecho los jóvenes aparecen hoy como los más estigmatizados– en tanto principales protagonistas de la inseguridad, un ejemplo de ello, es la campaña “mochila segura” que, en sí, atenta contra los derechos de privacidad de estos sectores juveniles.

Esta tendencia hacia el control y la represión no es gratuita, responde también a una realidad social. Y es que somos una sociedad en la cual las relaciones interciudadanas son absolutamente violentas. Una revisión hemerográfica de la prensa local desde 1950 nos muestra cómo, si bien la violencia estatal (incluimos en ella, desde atentados a los derechos humanos y ciudadanos, hasta actos de corrupción, vínculos con economías subterráneas, etc.), se ha mantenido, en términos relativos, en el tiempo; la violencia interciudadana se ha incrementado desproporcionadamente desde la década de los 90 y mucho más desde el nuevo milenio. Entendemos a la misma como a aquellos actos que van desde la toma de tierras a la fuerza hasta los linchamientos, pasando por  las peleas, bloqueos, manifestaciones entre vecinos por demandas ciudadanas que cada uno(a) juzga correcta e, incluso, las agresiones físicas que buscan sancionar al “otro(a)”, el/la que no piensa lo mismo (chicotazos colectivos por ejemplo). Por un lado pareciera que frente a una desconfianza creciente ante entidades encargadas de hacer cumplir el derecho ciudadano a la seguridad, hay una tendencia a querer solucionar los problemas por mano propia, visibilizando predisposiciones cada vez más violentas frente a los otros (mucho más si son considerados como extraños), la naturaleza (ejemplos sobran: la quema de llantas de k’ara K’ara, la aparición de peces y pájaros  muertos en la laguna Alalay, el atentado contra ciertos árboles en la plaza principal, etc.) y la sociedad en general.

Algunos datos para alarmarnos: en la encuesta realizada por el proyecto en los municipios que conforman la región metropolitana: 45% de las personas está de acuerdo con el linchamiento; 57% con la pena de muerte, 77% con la castración y 61% con el hecho de prohibir la entrada a su barrio a personas extrañas (recordemos que la libre circulación por las calles y barrios de la ciudad es otro derecho ciudadano). Y si comparamos por sexo, las mujeres mostramos en todos los casos niveles más altos de aprobación de estas actitudes violentas respecto a los hombres.

Es cierto que la inseguridad (en todo caso la gente lo vive y percibe así) se ha incrementado: cerca del 40% de los encuestados (en una muestra relativamente pequeña) ha sufrido ya sea en carne propia o en su familia un hecho de inseguridad en el último año; pero ¿pasa la solución por medidas represivas y de control tanto desde el Estado como entre los ciudadanos? Creo que es hora de, a partir de una revisión reflexiva de la información que circula sobre el tema, repensarnos como sociedad, ideando otros criterios de convivencia urbana que permitan el goce pleno -y para todos- de los derechos ciudadanos básicos: el vivir libres de inseguridad y, a la vez, poder circular –y disfrutar– por las calles, sin ser visto como extraños, independientemente de la edad, el sexo o las adscripciones identitarias.

La autora es responsable del Área de Estudios del Desarrollo, CESU-UMSS.