¿Masificación de la Defensoría?
Sin mayor escrúpulo ni pudor, el recientemente elegido Defensor del Pueblo está procediendo a desmantelar dicha institución, a partir del despido de los funcionarios de carrera, muchos de los cuales, previo concurso de méritos y sucesivas evaluaciones, trabajan en ella desde su fundación.
La razón es sencilla: el órgano Ejecutivo y el Movimiento Al Socialismo (MAS) no toleran que ninguna repartición del Estado tenga una relativa autonomía para cumplir la misión constitucional respectiva. En el caso de la Defensoría del Pueblo, pese a que fue un baluarte para la defensa de derechos ciudadanos, tarea de la que se benefició el propio Presidente del Estado, hoy se la quiere convertir en un instrumento dirigido a frenar diversas demandas ciudadanas, por más justas y legítimas que éstas sean.
La explicación que han dado los primeros mandatarios para esta forma de actuar es que no se justifica una oficina de esta naturaleza si es “el pueblo el que está gobernando”. Se trata, sin duda, de una visión autoritaria por la que consideran que lo que hacen o dejan de hacer es beneficioso para el pueblo y quienes reclaman se convierten en enemigos del Gobierno y el proceso.
Con avances y retrocesos, desde 2006 la Defensoría del Pueblo cumplió sus funciones, así sea en forma restringida, pese a una inicial y explícita adhesión personal de sus dos últimos titulares al proyecto político encarnado por el MAS, aunque velando la independencia institucional. Esta posición no fue tolerada por las autoridades nacionales que, finalmente, han actuado en forma muy similar al Gobierno de 2003: intervenir en ella en forma directa vía la elección de un adherente disciplinado, como ahora se ratifica.
Triste destino a un legado de la construcción democrática del país y de una personalidad tan respetada como Ana María Romero de Campero.
