Buenas intenciones y camino al infierno
Al margen de la retórica oficial, los datos de la realidad muestran que los emprendimientos estatales no dan buenos resultados económicos. En algunos casos —muy pocos— se justifica que ello no ocurra, porque el emprendimiento pretende satisfacer una demanda que, de otra manera, es decir, sin apoyo estatal, no se lo podría hacer. Pero, en los otros no sólo que la ineficiencia y la corrupción van apoderándose de la administración, y la recurrencia al maquillaje de cifras es una constante.
Por ello, las corrientes hasta ahora con relativo mayor éxito (porque evidentemente también siempre surgen problemas que solucionar) se concentran en el papel regulador del Estado a través de entidades independientes que deben tener la capacidad de equilibrar los intereses del Estado, los emprendedores y los consumidores.
Bajo esos criterios es que se debe reflexionar sobre la creación de una Agencia Estatal de Medicamentos que busca “regular” precios y “dar certificaciones” de buenas prácticas en el delicado rubro de la fabricación, importación y expendio de medicamentos.
Se trata de un campo muy complejo en el que, por tratar de hacer realidad buenas intenciones, se puede terminar afectando negativamente a los usuarios, hombres y mujeres, en este caso, con alguna enfermedad.
Nadie niega que es importante evitar abusos o producir/importar medicamentos en condiciones inadecuadas, pero también hay que estar seguros de que para tener éxito en esta intervención se requiere de profesionales altamente capacitados y no activistas políticos, extremo que se ha presentado en Venezuela, donde la escasez de medicamentos llega a niveles inaceptables, como han informado la Iglesia Católica e instituciones multilaterales.
Por eso, no hay que olvidar que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
