Un plan conservador para combatir el cambio climático

CAMBRIDGE – Recientemente me sumé a otros exaltos funcionarios republicanos y propusimos un plan para limitar las emisiones de dióxido de carbono. El grupo incluye a Jim Baker, Henry Paulson y George Shultz --todos ellos exsecretarios del Tesoro republicanos-- así como a mi colega de Harvard Greg Mankiw, que se desempeñó como presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente en el gobierno de George W. Bush. Yo ocupé el mismo cargo en la presidencia de Ronald Reagan.

Menciono estos participantes para hacer hincapié en el nivel de respaldo conservador a esta propuesta, que surge en un momento en que los republicanos, por lo general, se han opuesto a los esfuerzos gubernamentales por limitar las emisiones de CO2, mientras que los demócratas han favorecido este tipo de planes. Esperamos que el respaldo republicano a nuestro plan sirva de punto de partida para una legislación bipartita.

El plan insta a combinar la aplicación de impuestos a todas las fuentes de CO2 con un reembolso de los ingresos cobrados a todos los hogares sobre una base per cápita. Los expertos nos dicen que un impuesto de 40 dólares por tonelada métrica lograría una reducción mayor de CO2 que todas las regulaciones de emisiones existentes. Nuestro plan, entonces, reclama una legislación que elimine toda esta regulación intervencionista en tándem con el plan de impuestos y dividendos.

Nuestro grupo reconoce que existe una controversia sustancial respecto del alcance del calentamiento global ahora y en el futuro, así como sobre el papel que juegan las emisiones de CO2 de los automóviles, la calefacción de los hogares y otra actividad humana en ese calentamiento. Pero creemos que el riesgo de que las emisiones conduzcan a futuros aumentos de la temperatura global es lo suficientemente alto como para que se adopte una política para reducirlo.

Un impuesto al carbono es la manera más simple y más eficiente desde un punto de vista económico para limitar las emisiones de CO2. Es mejor que los métodos de regulación más engorrosos que están vigentes hoy. También es más simple y más confiable que el método de “tope y canje” que se ha intentado en Europa y que se propuso durante la administración del presidente Barack Obama.

La estrategia de un impuesto al carbono es muy simple: requiere que cada hogar y cada empresa que genera emisiones de CO2 pague un impuesto en proporción al volumen de las emisiones que crea, ya sea utilizando gasolina para hacer andar el auto o petróleo para calentar la casa u operar una empresa.

Se cobraría un impuesto al carbono de manera indirecta gravando la materia prima en el momento en que ingresa en la economía. Así, el petróleo sería gravado en la refinería, el carbón cuando sale de la mina, y así sucesivamente. El impuesto luego sería incorporado a los precios de los productos fabricados con esa materia prima. Los individuos y las empresas internalizarían el impuesto al carbono sin el inconveniente de tener que pagar un impuesto en cada transacción.

Como el impuesto al carbono se reflejaría en los precios de todos los bienes y servicios que utilicen carbono en su producción, los hogares y las empresas tendrían un incentivo para cambiar su comportamiento a fin de reducir el volumen de las emisiones de CO2. Eso podría implicar manejar menos, utilizar tecnología más eficiente en términos de consumo de combustible o invertir en conservación. La energía solar y la energía eólica se volverían más competitivas en relación a la energía basada en carbono sin necesidad de subsidios de Gobierno.

Los diferentes tipos de materias primas basadas en carbono producen diferentes cantidades de CO2. Por ejemplo, utilizar carbón para generar electricidad produce más CO2 que utilizar gas natural. De esta manera, el impuesto al carbono en el punto de ingreso a la economía variaría según el tipo de materia prima. Expertos en ingeniería pueden aconsejar al Congreso de Estados Unidos sobre cuánto gravar cada tipo de materia prima basada en carbono para alcanzar un impuesto igual a 40 dólares por tonelada de CO2 (o el nivel de impuesto general que se desee).

El problema práctico de implementar un impuesto al carbono ha sido político. Nadie quiere pagar más impuestos. Es por eso que nuestro plan insta a combinar el impuesto al carbono con un “dividendo en efectivo” para los hogares. Cada hogar recibiría el mismo “dividendo de carbono” por cada adulto, y la mitad de esa cifra por cada niño. El dividendo no dependería de la cantidad de impuesto al carbono que paga el hogar.

Así, el impuesto al carbono ofrecería el incentivo correcto al ser proporcional a las emisiones del contribuyente, mientras que el dividendo de carbono haría que alrededor de dos tercios de todos los hogares recibieran más en efectivo de lo que pagan en impuestos al carbono. Un impuesto al carbono de 40 dólares por tonelada produciría ingreso suficiente como para brindarle a un hogar de cuatro personas un dividendo anual de 2.000 dólares.

Proponemos que el nivel del impuesto se revise cada cinco años a la luz de la evidencia científica actual sobre el calentamiento global y su relación con las emisiones de CO2. Aún si resultara apropiado aumentar el nivel del impuesto, se seguiría aplicando el mismo procedimiento para devolver todo el ingreso a los hogares.

Después de que este plan se divulgara públicamente a comienzos de este mes, recibí una gran cantidad de correos electrónicos de personas de izquierda y de derecha diciendo lo mucho que les gusta la idea. Los demócratas aplauden a los republicanos por proponer un plan para reducir las emisiones de CO2 y combatir el calentamiento global. A los republicanos les gusta la idea de lidiar de manera efectiva con el calentamiento global eliminando a la vez las regulaciones ambientales existentes.

Los demócratas, en Estados Unidos, son tradicionalmente los principales defensores de legislación para reducir las emisiones de CO2. Ahora que los republicanos ejercen el control de ambas cámaras en el Congreso y están en la presidencia, es el momento adecuado para implementar un plan que exija el respaldo de ambos partidos.

El autor es profesor de Economía en la Universidad de Harvard .

© Project Syndicate y LOS TIEMPOS 1995–2017