¿Derechos humanos sólo para ciudadanos?

El proceso de democratización de Myanmar decretado por la Junta Militar en 2010 hizo de la antigua opositora y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, la virtual jefa de gobierno civil con la esperanza de que ella pueda devolver al pueblo birmano sus derechos humanos y solucionar pacíficamente los interminables conflictos de los 135 grupos étnicos existentes en el país. Durante la dictadura militar, Suu Kyi pasó 15 años en arresto domiciliario pronunciando discursos políticos desde arriba del portón de su casa. Los rohinyás, un pueblo de aproximadamente un millón de personas, que viven en Arakan en la frontera con Bangladesh, no son reconocidos como una ‘raza nacional’, o sea un grupo étnico presente en el territorio nacional antes de la colonización británica en 1823. En otras palabras, los rohinyá son en Myanmar considerados ‘inmigrantes ilegales’ venidos de Bangladesh. En consecuencia, son apátridas (según la ley de 1982) y no tienen ciudadanía de Myanmar, no reciben certificados de nacimiento ni de matrimonio, necesitan autorización para casarse y trabajar fuera de sus aldeas, son discriminados tanto por el Estado como por la sociedad birmana. Los rohinyás son musulmanes sunitas, mientras 90% de los 52 millones de la población birmana es budista.

A causa de esta discriminación recientemente surgió una guerrilla –Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)– que el 25 de agosto 2017 perpetró una serie de ataques a las postas de Policía con un saldo de 12 policías muertos. La respuesta del Ejército fue inmediata con violentos ataques a las aldeas rohinyá, quema de casas, violaciones y muertes (tal vez 1.000 según NNUU), provocando un éxodo masivo de las población hacia el vecino Bangladesh. Actualmente, más de 400.000 personas permanecen allí en unos campamentos improvisados creando una dramática situación de emergencia. La operación militar que tiene todas las características de una ‘limpieza étnica’ es llevada a cabo por las Fuerzas Armadas con la ayuda de milicias extremistas budistas y prácticamente sin control del Gobierno. Los ARSA son llamados terroristas, pero sus conexiones con yihad no son claras.

La posición de Aung San Suu Kyi es ambigua y su silencio sobre la acción de los militares es elocuente. Las declaraciones provenientes de su oficina hablan sólo de un ‘iceberg de mentiras’ de la prensa internacional. Se debe reconocer que su situación es difícil y delicada. Los militares no han dejado todo el poder, que tenían antes, así que Suu Kyi no tiene autoridad sobre el Ejército y su gobierno es de transición entre la dictadura militar anterior y pleno sistema democrático. Sus simpatías, las de su partido y de la gran mayoría de la población son con los budistas.

El 19 de septiembre, Suu Kyi pronunció un discurso esperado con ansiedad por la comunidad internacional. El discurso causó una decepción. Se esperaba que ‘Lady’ condene las atrocidades cometidas por el Ejército de su país sobre los rohinyás, aunque sea sólo desde un punto de vista moral y de respeto a los derechos humanos. Hablando durante media hora, Suu Kyi no se distanció de las acciones de los militares y en cambio demandó pruebas de los abusos. Sorpresivamente declaró que se puede recibir de vuelta a los rohinyás, pero sólo los que tengan la ciudadanía de Myanmar, lo que es una condición imposible de lograr para cualquier apátrida. Algunos analistas ven, sin embargo, un progreso en su actitud hacia los rohinyás y una evolución favorable del vocabulario. Así, por ejemplo, el nombre de Bengalí (el término rohinyá no se utiliza oficialmente) se cambió por ‘la comunidad musulmana de Arakan’, lo que implica un reconocimiento casi oficial del territorio y señala un buen camino.

Es probable que Suu Kyi piense, que no hay sacrificio demasiado grande para preservar los logros obtenidos hasta ahora en el proceso de transición. Sobre todo si este sacrificio concierne a un grupo étnico musulmán, con el cual ella no se siente solidaria. La solución del problema debería pasar por el reconocimiento del pueblo rohinyá dentro de Myanmar, así como por una toma de conciencia por los militares, de que los derechos humanos son para todos, y ahora.

El autor es comunicador social.