Venezuela somos todos

Desde principios de enero, la comunidad internacional se ha mostrado dividida respecto a reconocer o no la legitimidad de Nicolás Maduro, al frente de un nuevo periodo gubernamental emergente de unas cuestionadas elecciones. Las aguas se revolvieron más, luego del nombramiento del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como jefe de Estado interino en reemplazo del líder chavista, e instaurando un gobierno paralelo en ese país petrolero.

Los reconocimientos y rechazos a los gobiernos liderados por ambos personajes no se dejaron esperar. Los primeros justificándose en las reiteradas violaciones de derechos humanos por parte del régimen madurista, y los segundos denunciando injerencia y amenazas de intervencionismo, sumándose a este entuerto las amenazas y los ya conocidos exabruptos del presidente estadounidense y algunos agentes de su gobierno.

La crisis venezolana ha superado cualquier previsión racional. La obstinación de Maduro por permanecer en el poder, a pesar de ser resistido y rechazado por la mayoría de sus ciudadanos, ha provocado una de las más graves crisis humanitarias en tiempos de democracia. El problema, en mi opinión, no pasa por reconocer a uno u otro personaje, esto puede justificarse de diversas maneras, la menos afortunada es pretender hacerlo desde el derecho interno o internacional, especialmente cuando se trata de un problema político y por tanto de política internacional, escenario en el cual, el simple análisis jurídico resulta siendo incompleto.

El quid del problema pasa por responder cuál va a ser el mañana de Venezuela, y esa respuesta rebasa la formalidad de una convocatoria a elecciones, que si bien puede ser una parte de la hoja de ruta, no es suficiente. Este país no necesita paliativos, resolver su crisis no pasa solamente por expulsar a Maduro y al chavismo del poder. Pasa prácticamente por reconstruir ese Estado sobre sus tres pilares fundamentales (Territorio, que está intacto, pero cuyos recursos naturales están hipotecados; población, que está gravemente dividida, enfrentada y empobrecida; y gobierno, pues los actuales carecen de la más mínima legitimidad).

Resolver el problema de Venezuela hace mucho que dejó de ser un asunto interno para convertirse en responsabilidad de la comunidad internacional. En mayor o menor medida, unos más que otros, los Estados americanos y algunas potencias extraregionales fueron cómplices de la gradual y sistemática marginalización de Venezuela, del socavamiento de sus pilares institucionales y, finalmente, de su autodestrucción. Los actores del sistema internacional (Estados y organizaciones internacionales) vieron lo que ocurría en Venezuela y nadie hizo nada, hasta verla convertirse en lo que es hoy: un Estado aparente.

Las potencias que aún defienden el régimen de Maduro y el principal interesado en defenestrarlo instrumentalizan el derecho internacional, los primeros hablan de soberanía territorial y de no intervención, el otro de la defensa de los derechos humanos y la democracia. En el fondo lo que realmente les mueve son sus intereses geopolíticos.

No solo es la democracia la que está gravemente herida, es el país en su integridad el que necesita del auxilio de la comunidad internacional. Lo que menos necesita Venezuela son las adhesiones o rechazos de los gobiernos y de sectores políticos a sus gobernantes paralelos, ello, además de tener un tufillo a manipulación, solo empeora su crisis y divide más a su sociedad. No solo se trata de hacerle llegar ayuda humanitaria, y en caso de hacerlo, esta debiera ser institucional.

Para finalizar, se trata de realizar esfuerzos colectivos honestos para que Venezuela recupere su autodeterminación como Estado, y su soberanía sobre sus recursos naturales. Lo ocurrido en Venezuela no debe volver a pasar en ningún lugar del mundo. Hoy Venezuela somos todos.

El autor es abogado, diplomático de carrera y docente universitario