El peligro de la anomia social
Más allá de la retórica política, se hace cada vez más patente un grave fenómeno social al que, por diversas razones, no se le está dando la debida atención. Se trata de recurrentes actos de invasión del espacio público, de manera relativamente pasiva o directamente violenta.
No son raras las noticias sobre toma de predios públicos y privados; enfrentamientos entre las fuerzas estatales y organizaciones sociales disidentes, representantes de entidades que buscan apropiarse de espacios públicos, o entre grupos de poder local y ciudadanos, solo para citar alguno caso de abierto desacato al orden legal como lo perpetran grupos que han hecho de las calles su propio mercado; se manifiesta en el incremento de la violencia doméstica y de la inseguridad ciudadana. Es un triste paisaje casi cotidiano que tienen diferentes dimensiones, pero que se puede denominar un estado de anomia social.
De acuerdo al Diccionario de la lengua española, anomia tiene dos acepciones: “ausencia de ley” y “conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”, y las dos se pueden aplicar a lo que está sucediendo en nuestra sociedad, sin que las autoridades ni la propia ciudadanía se percaten del peligro que ello conlleva tanto por el creciente grado de violencia que se genera como porque el reino de la ley del más fuerte se impone, lo que crea las mejores condiciones para impedir una pacífica convivencia social.
Mientras tanto, el orden democrático sólo se aplica en el mundo formal, el uso de la fuerza legítima, particularmente para evitar la expansión de la violencia, se utiliza preponderantemente con fines políticos, y la justicia se muestra cada vez más incapaz para atender las demandas ciudadanas, acción básica, precisamente, para garantizar la convivencia pacífica.
Abona a esa situación la creciente desinstitucionalización del país y el consecuente incremento de poder de los estrechos círculos de decisión en el ámbito estatal, que permite la adopción de decisiones autoritarias e improvisadas en función de las necesidades político-sectarias del momento.
Ese escenario, que puede agravarse si, como algunos especialistas advierten, la crisis económica se asienta en el país, exige que las autoridades del Estado, con la participación democrática de representantes legítimos de la sociedad, pueda establecer una agenda de trabajo común que permita hacer real la presencia estatal en todo el territorio nacional con capacidad de cumplir lo que la Constitución Política del Estado y las leyes norman.
