Evitemos una nueva década perdida (II)

Las décadas perdidas son engañosas, la caída es corta y la recuperación larga, incluso muy larga. Para mejor entender, supongamos que entre 2020 y 2029, tenemos tres años de caída del PIB de un 3% anual y siete años de crecimiento del PIB también del 3% anual. El resultado de ello sería el de una década perdida en la que entre 2020 y 2029 el PIB p.c. caería en 5,3%. Si adicionalmente suponemos que en los primeros años de la década del 2030 nuestro PIB sigue creciendo al 3 %, ¡recién alcanzaríamos y sobrepasaríamos el PIB p.c. que teníamos el 2019, en 2034!

Una segunda característica de las décadas perdidas es la que estas son precedidas por un periodo de desaceleración, en el caso de los 80 comenzó en 1976. En la actualidad llevamos seis años consecutivos de desaceleración.

Más preocupante aun, las décadas perdidas muestran o un colapso del sistema productivo (producción) que lleva a un colapso del sistema de pagos (circulación) o al revés. En los 50 el afectado fue el sistema productivo en sectores claves de la economía, la minería producto de su nacionalización y la agricultura efecto de la reforma agraria. La severa contracción en el sector productivo repercutió en el sistema de pagos y este requirió crecientes infusiones de emisión monetaria inorgánica, que alimentó la hiperinflación.

En los 80s, inicialmente el más afectado fue el sistema de pagos, puesto que el Estado y el propio sector privado debían servir una deuda externa que requería de nuevo endeudamiento para pagarla. Este esquema colapsa el momento en que se suspenden los recursos externos frescos y adicionalmente se incrementan los intereses de la deuda ya pactada. La mora, no solo con el sistema financiero sino entre proveedores crece exponencialmente, afectando al sistema productivo, cuya contracción se refleja en agudizamiento de la crisis del sistema de pagos y en requerimientos crecientes de asistencia financiera, alimentada ya no por deuda externa sino por emisión monetaria interna que genera la hiperinflación.

En la actualidad ya llevamos seis años de considerables déficits fiscales y consiguiente incremento de los medios de pago, manteniendo niveles de inflación bajos e incluso muy bajos. Este espectacularmente positivo fenómeno, debe tratar de ser preservado ya que de lo contrario la espiral inflacionaria y la debacle de los sectores productivos y del sistema de pagos pueden ser imparables.

Para controlar la inflación, en circunstancias en que los sectores productivos y el sistema de pagos, la oferta de productos y la demanda de ellos, están seriamente afectados por seis años de desaceleración y el paro inducido de la economía; resulta imprescindible prever con solidez los posibles incrementos de la ambición distributiva, de la que todos participan con la aspiración de ser, por lo menos parcialmente, resarcidos.

Actualmente la ambición distributiva se expresa con naturalidad, sectores que no son sujetos de algún bono, quieren ser incluidos en la otorgación del mismo o reclaman la creación de un nuevo bono. Otros que siendo beneficiarios de algún bono, solicitan el incremento del mismo. Pero a lo anterior se suman aspiraciones distributivas más complicadas. Demandas por flexibilizar o incluso anular el cumplimiento de compromisos de pagos tributarios o contractuales de diversas categorías, incluyendo alquileres, créditos varios y obligaciones salariales y laborales.

Es previsible que día a día se acentúe la ambición distributiva y así como para la pandemia es crucial la forma como se procesará el retorno a las actividades normales, la ambición distributiva tendrá una prueba de fuego al irse abriendo la economía a la nueva normalidad. Esta implicará para importantes sectores productivos y de servicios, una traumática constatación de caída de demanda, falta de capital de trabajo y deudas impagas. Ello naturalmente generará una intensa presión y ampliación de la ambición distributiva.

Y aquí viene una prueba de fuego, evitar que la ambición distributiva se transforme en voracidad distributiva. La diferencia entre ambición y voracidad distributiva, reside en que la primera intenta cubrir las caídas de ingreso real que ya se han sufrido, mientras la segunda busca con antelación, defenderse de las esperadas o imaginadas futuras caídas de ingreso real. En la ambición distributiva todavía están presentes expectativas racionales, en la voracidad distributiva ellas han sido reemplazadas por sesgos confirmatorios que se hacen cada vez más potentes. Peor aún, los sesgos confirmatorios, se acompañan en la voracidad distributiva, de expectativas hiperbólicas.

¿Qué se quiere decir con terminología tan desagradable? que las personas no solo prefieren pájaro en mano a cien volando, sino que aspiran a poseer todas las aves. ¿Cómo es ello? las expectativas hiperbólicas valoran muchísimo más lo poco que se puede conseguir de inmediato o a muy corto plazo, sobre lo que se podría alcanzar a un año plazo y ni que decir sobre lo que se podría conseguir a mediano o largo plazo. Por otra parte, el sesgo confirmatorio lleva a los operadores económicos a corroborar que los paliativos para remediar su pérdida de ingreso no son suficientes. Por lo tanto, además de buscar ampliar esos paliativos, demandan nuevos mitigantes de las futuras disminuciones del ingreso (o de los futuros aumentos de precio). Al hacer esto, disminuye la capacidad compensatoria real de la asistencia recibida o prometida (el pájaro en mano); y se plantean nuevas compensaciones que nominalmente pueden ser “conquistadas”, aunque su efecto real tienda a cero. Con ello se pierde el pájaro en mano y progresivamente se ahuyenta a los 100 volando.

La voracidad distributiva contribuye al incesante incremento del índice de precios al consumidor (IPC), el cual va socavando su capacidad de orientar los precios relativos, ya que al modificarse frecuentemente el nivel de precios, también se modifica la relación entre ellos. Esto tiende a generar un creciente anclaje del IPC en algún precio “marcador” (en Bolivia en la hiperinflación, el dólar americano) frente al cual propenden a alinearse el resto de precios.

Lo anterior contribuye a que baje el índice de bancarización pues varios operadores atesoran el bien marcador aisladamente, lo que “ancla” aún más el sistema de precios. A pesar de la disminución del índice de bancarización, aumenta la ambición por no decir la demanda de crédito de parte del público y los operadores económicos. De esta manera al sistema financiero se le demanda más pero se le repaga y se le deposita menos, lo cual genera una creciente divergencia entre las expectativas sobre el sistema financiero y las posibilidades del mismo.

Algo comparable y con mayor intensidad sucede con el aparato de Estado; se achica el tamaño del Estado pues este recauda menos, no obstante, las responsabilidades estatales y con ello usualmente también el gasto fiscal crecen. De esta manera se va conformando un Estado con anemsidad: anémico nutricionalmente y obeso funcionalmente. Esto dificulta su coordinación y por ende su capacidad de responder a las expectativas que se han generado y que el mismo ha contribuido a ampliar.

Esta situación solo es superable con un nuevo régimen que tenga la capacidad de superar la anemsidad estatal, es decir, dote al Estado nuevos ingresos a tiempo de recortar sus responsabilidades funcionales. La “derechización” que supuso la estabilización monetaria de 1956 y el “fatídico neoliberalismo” que en 1985 logró la superación de la hiperinflación y de la hiperrecesión. Pero ambas estabilizaciones, particularmente la de 1985 que sacaron al país de la situación de postración, fueron insuficientes para superar la década perdida. De manera tal que el PIB p.c. que se tenía en 1950, recién se alcanzó a mediados de los 60 y el PIB p.c. que se tenía en 1980, recién se superó a fines de los 90.

Como vimos al iniciar esta segunda parte, si no se toman medidas que impidan caer en una nueva década perdida, podríamos estar recuperando nuestro PIB p.c. de 2019 en 2034. Para evitar ello, en situación de recesión global, particularmente intensa en América Latina y el Caribe; y en situación de achicamiento de la economía nacional, especialmente dura en sectores estratégicos cómo el de hidrocarburos y que atingen a todos los sectores cruciales, desde la agricultura al comercio, el país necesita al mismo tiempo positivos shocks de oferta y de demanda. Las medidas que está tomando el gobierno como lo han afirmado todas las tiendas políticas, a excepción del MAS, se encaminan en la “dirección correcta”. Pero sería iluso pensar que las mismas llegan a conformar un sostén de oferta y demanda; a lo sumo atenúan temporalmente la caída de ambas. Se podría decir que peor que tomar medidas en la dirección equivocada, es adoptar políticas en la dirección correcta que no logran el objetivo perseguido, pues con ello se desgastan las políticas y se dilapidan las oportunidades.

El gobierno tiene deficiencias de coordinación vertical y horizontal, ello conlleva, aunque ni los gobernantes ni sus soportes y adeptos políticos quieran aceptarlo, a un progresivo incremento del lenguaje autoritario y “excepcional”. Probablemente estos y otros importantes fenómenos que se derivan de esta situación, llevan a Comunidad Ciudadana (CC), una de las principales tres fuerzas políticas del país, a plantear que este gobierno se debe limitar a políticas “transitorias” de muy corto plazo, de manera que el gobierno que surja de las urnas tenga la legitimidad, autoridad y capacidad de desplegar las políticas de corto, mediano y largo plazo que las circunstancias demandan. Por su parte varios voceros del MAS, siguen señalando la ilegitimidad del presente gobierno, mientras acentúan la ambición distributiva, demandando más bonos y la satisfacción de una canasta familiar que como ha señalado el Ministro de Economía son inalcanzables.

Así las cosas, Juntos no tiene la fuerza ni la autoridad necesarias para gozar de la capacidad de implementar políticas que efectivamente logren superar el deslizamiento a una década perdida. A su vez, si se atiende la demanda de CC, el próximo gobierno surgido de las urnas recibiría ya una década perdida en pleno despliegue. El MAS sería la fuerza más beneficiada por esta debacle económica, frente a la cual los 14 años de “desgobierno” ya no serían suficientemente explicativos.

Por lo tanto, en las actuales circunstancias en que no se perciben posibilidades de plantear esquemas de sostenimiento suficiente de la demanda y la oferta, solo cabe lo descartado; la necesidad de un shock de gobernabilidad que surja de un dialogo de alto octanaje y de múltiples diálogos de amplia empatía, que permitan al país diseñar y ejecutar políticas coordinadas en el plano sanitario, fiscal, monetario, cambiario, internacional y sectorial productivo. Incluso crear fondos, incubadoras, organismos de emergencia y de alto impacto para evitar una nueva década perdida. El listado de esas políticas de corto, mediano y largo plazo, es posible realizar, pues el país tiene el stock de técnicos en distintas disciplinas, el espíritu emprendedor y empresarial y la capacidad de convocar soporte externo y cooperación regional para el diseño de las mismas. Pero es imposible ejecutarlas sin un acuerdo ecuménico dentro el país, para que entre todos se alcance la capacidad de desplegar efectivas políticas de Estado que nos eviten una nueva década perdida.

Frente a la risibilidad que genere este planteamiento, debo señalar que es pensable, en algún momento, salir de la pandemia y la depresión económica sin el MAS o contra el MAS, sin CC o contra CC, sin Juntos o contra Juntos; pero no se puede evitar una nueva década perdida, si no es con el más pronto y amplio apoyo social, político y operacional de Juntos, CC, sectores significativos del MAS, de otras tiendas electorales y de los más amplios sectores sociales del país, cuya convergencia, es la única posibilidad de generar la masa crítica que movilice la textura nacional y la extensa y sustantiva interlocución internacional requerida para evitar la misma.

La multiplicación de la resiliencia interna, de la capacidad de coordinación operacional de políticas, planes y proyectos, de la generación de soporte institucional y financiero a nivel regional, además de apoyo humanitario en el plano global, son monumentalmente más grandes con un gobierno de unidad y emergencia nacional. Pero los actuales operadores gubernamentales creen que la década perdida puede ser evitada con las medidas que están adoptando, con el fondo de solidaridad que se creará con la disminución de sus salarios o “analizando” si vale la pena apoyar “a la minería o a la construcción”. O si CC piensa que el combate frontal a la crisis económica, puede esperar a la elección de un nuevo gobierno. O si el MAS se imagina que ser hasta el momento la principal fuerza electoral, le permite actuar con mentalidad de tierra arrasada y demandas desbocadas.

Un gobierno de emergencia y unidad nacional (GEUN), además de la constitucionalidad de la que goza el actual, tendría fuerza política y social multiplicada, capacidad operacional potenciada y legitimidad internacional especialmente reconocida y promovida.

El GEUN solo es posible sobre la insatisfacción de las principales autoridades y operadores políticos. La Presidenta a cambio de poderes extendidos y reforzados, debiera declinar su candidatura y convocar a la constitución del GEUN. CC tendría que apoyar un gobierno que teóricamente no va a atornillarse ni extenderse indebidamente en el poder. El MAS, estaría obligado a superar su rol de jugador excluyente y de excepción, que solo acepta aquello en lo que es hegemónico, e iniciar su participación en la construcción del sistema político de la revolución democrática del siglo XXI, la cual sólo es posible desarrollarla entre adversarios con similares derechos.

Bolivia nunca se ha unido para alcanzar el cielo. Lo ha hecho en más de una ocasión para salir de la tiranía. Ojala lo haga esta vez para evitar una nueva década perdida.

El autor es economista, ernesto.aranibar@gmail.com