Coronavirus vs. elecciones

Las elecciones se efectuarán el 6 de septiembre y los partidos tendrán 45 días para reanudar sus campañas, hasta la fecha de la elección.

Como no hay vacuna contra los nacionalismos y fundamentalismos, el MAS presionó porque quiere ganar tiempo antes de que la Ley 421, que dispuso una distribución ilegal y arbitraria de circunscripciones, pueda ser rectificado por el Tribunal Constitucional, cuya decisión está pendiente de resolución y que se estima será emitida antes del 6 de septiembre; incluso, si existiera voluntad política, podría ser enmendada por el Ejecutivo mediante un decreto supremo. El MAS sabe que con solamente 30% de votos, pueden alcanzar mayoría en ambas cámaras legislativas, lo que tendría un fuerte peso decisor.

Por el momento, existe una desafección ciudadana por la “imprudente” fecha de los comicios, el coronavirus marca el ritmo, cambia prioridades y pospone el juego electoral, a pesar de que será clave para dirimir el futuro boliviano. La reanudación de las campañas está condicionada a la evolución de la tasa de riesgo de contagio y a la capacidad de control de nuestro deficiente sistema de salud ante un eventual rebrote de la epidemia. Si esto ocurriera, podría darse la necesidad de postergar las elecciones una vez más.

Si bien la dimensión de la crisis sanitaria y económica obliga a disponer cuanto antes de un Parlamento constituido y de un Gobierno en plenitud de funciones, antes de redefinir plazos con un nuevo calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral debe consultar con los consejeros epidemiológicos y concertar con el Ejecutivo y los partidos políticos la gestión de los costos sociales y económicos de un confinamiento parcial hasta el día de las elecciones. El riesgo es la abstención, pues permanece la confusión y el temor al contagio.

Los partidos están obligados a cambiar de estrategia, las campañas puerta a puerta, los mítines, viajes y cercanía con los electores se verán afectados. La solución puede ser la tecnopolítica en las áreas urbanas y enfatizar en las campañas vía Tv y redes sociales.

El Gobierno, el programa y la agenda de Áñez han quedado fulminados por su errática gestión de la crisis y la inesperada, como decepcionante, corrupción que avergüenza al ciudadano que esperó de ella un mandato incumplido, los votantes indecisos y desilusionados, preferirán otra opción a mantener el statu quo. El prorroguismo de la corrupción masista no podrá recomponerse en la gestión de Áñez y perjudicará al oficialismo; la elección será interpretada como un referéndum a la calidad de gestión de la Presidenta, en el que impacto de la economía en las clases empobrecidas primará en la preferencia electoral.

El aprovechado y repudiado oportunismo electoral de Áñez tiene una salida, por la salud democrática le cabe renunciar a su candidatura para posibilitar un pacto factible entre Mesa, Tuto y Camacho, quienes tienen la opción de obtener la primera mayoría y controlar el próximo Legislativo.

El autor es abogado constitucionalista, Torresarmas1@hotmail.com